Dos meses después de la fallida votación para investir como presidente del Gobierno al candidato del PP Alberto Núñez Feijóo, el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebrará los días 15 y 16 de noviembre. Tras firmar un pacto con Sumar y alcanzar acuerdos con ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y hasta Coalición Canaria, el socialista se ha asegurado los números necesarios para revalidar el cargo.
Ha sido la ley de amnistía el peaje que Sánchez ha tenido que pagar a los partidos independentistas catalanes para facilitar su investidura y asegurar la legislatura. Habiendo sido ya registrada en el Congreso de los diputados, tiene por delante un largo camino para su aprobación.
La propuesta y votación parlamentaria, la presentación del proyecto de ley, la redacción de informes sobre su aplicación y su votación, así como los posibles recursos que puedan presentarse posteriormente han de superarse teniendo que hacer frente a un más que probable veto del PP en el Senado, donde cuenta con mayoría.
Sorteados estros trámites, finalmente la norma ha de ser promulgada y sancionada por el rey antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que dará luz verde a su aplicación. Ante esto, los detractores de esta ley exigen que Felipe VI se niegue a firmar el texto. ¿Podría hacerlo?
El rey de España no puede negarse a promulgar y sanciona una ley aprobada por las Cortes. Según el artículo 1 de la Constitución, España en una monarquía parlamentaria en la que el poder reside en el pueblo, que es representado por el Parlamento, la institución encargada de representar y ejercer ese poder.
Así pues, el rey ejerce un papel moderador y, por tanto, no ha de tomar decisiones políticas. El rey es Jefe del Estado pero todos sus actos deben ser refrendados por el Gobierno, que además es responsable de todo lo firmado por el monarca, según lo dispuesto por el artículo 64 de la Carta Magna.
El artículo 59.2 de la Constitución española contempla que las Cortes podrían inhabilitar al rey si se negase a cumplir sus funciones, en cuyo caso sus responsabilidades pasarían a la heredera, la princesa Leonor. Así pues, el rey Felipe VI no puede negarse a firmar la ley de amnistía, sino que debe limitarse a promulgarla y sancionarla cumpliendo sus funciones. De lo contrario, debería abdicar.
El caso del rey Balduino de Bélgica
El único precedente histórico lo encontramos en el rey Balduino de Bélgica. En 1990 renunció al trono durante dos días alegando objeción de conciencia para no firmar la despenalización del aborto aprobada por el parlamento belga.
En un acuerdo entre el monarca y el Ejecutivo, se recurrió al artículo 82 de la Constitución belga, que se refiere a "la incapacidad temporal para reinar del representante de la Corona". De esta forma, el Gobierno de Wilfried Martens asumió temporalmente la regencia y, en ejercicio de ella, el Consejo de Ministros firmó y sancionó la ley, la cual pudo entrar en vigor.
Sancionada la ley, el Parlamento de Bélgica declaró que había cesado la incapacidad temporal del rey Balduino, quien reasumió sus funciones como rey de los belgas.
