España se ha enfrentado a una crisis migratoria sin precedentes. Unas 8.000 personas procedentes de Marruecos han llegado a nado hasta Ceuta entre el 17 y el 18 de mayo. Pedro Sánchez ha afirmado en la sesión de control en el Congreso que 4.800 personas han sido ya repatriadas.
Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, ha incidido en que seguirán devolviéndose a los migrantes "por cauces legales", aunque no ha detallado del todo el protocolo que se está llevando a cabo.
De todas las personas que han sido repatriadas no hay ningún menor de edad. Esto es así porque el procedimiento diplomático que se está llevando a cabo para devolver en caliente a las personas prohibe explícitamente expulsar a menores.
Modificación de la ley mordaza
Este procedimiento viene de una disposición sobre la conocida como ley mordaza, que reformaba la ley de Extranjería, para el caso concreto de Ceuta y Melilla. Según la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, "los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España".
El coordinador del Servicio de Orientación Jurídica de Extranjería del Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Marcelo Belgrano contó al diario 20minutos que hay un convenio con Marruecos que data de 1992 y en el que se ha amparado el Gobierno para llevar a cabo la devolución de las 4.800 personas.
No obstante, este convenio está sujeto a un procedimiento mediante el cual los migrantes repatriados deben ser identificados. Además, se debe llevar a cabo un acto administrativo y tener derecho a una asistencia letrada, según informa el mismo diario.
Este proceso puede ser efímero o durar hasta 72 horas. Para aquellas personas que intentan entrar de manera ilegal no se necesita un expediente de expulsión. Las personas que son interceptadas en la frontera pasan a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, quienes deben conducirlas a una comisaría para identificarlos. El país de origen está obligado a readmitir a los ciudadanos una vez España lo solicite.
No pueden devolver a menores
#MuyGrandes?????
— Guardia Civil ???????? (@guardiacivil) May 18, 2021
Guardias civiles del #GEAS y la #ARS salvan la vida de decenas de menores que llegaban a #Ceuta por mar junto a sus familias. pic.twitter.com/MyzOaB4hjR
Este procedimiento, sin embargo, no funciona para todo el mundo. Los menores, las personas con discapacidad, las embarazadas o las personas que hayan sufrido abusos, entre otras excepciones, están sujetas a otro acuerdo de protección internacional si la persona lo solicita.
De las 8.000 personas totales que han llegado procedentes de Marruecos, 2.000 son menores de edad. Ellos no pueden ser expulsados bajo ningún concepto. Si los menores no están acompañados pasan a disposición de los servicios responsables en materia de protección de menores.
