La prostitución ha sido históricamente un tema de intenso debate dentro del feminismo y este debate se refleja a menudo en la política partidista. Esta semana, la controversia ha llegado al Gobierno de coalición en España. El martes, el Congreso votó sobre la propuesta de ley presentada por el PSOE que busca erradicar el proxenetismo en todas sus formas.
Sin embargo, la iniciativa no consiguió el apoyo parlamentario necesario para avanzar. El enfrentamiento más destacado ha sido entre los socios del Ejecutivo: mientras que el PSOE defiende que estas medidas son esenciales para avanzar hacia la abolición de la prostitución, la coalición Sumar se opuso al considerar que la propuesta incluye medidas que podrían perjudicar a las prostitutas y empeorar su situación.
Las dimensiones del debate
El debate no se limita a la dicotomía entre abolición o regulación de la prostitución, sino que existen múltiples posiciones matizadas que comparten el objetivo pero difieren en los argumentos y las medidas a implementar.
En el caso del Gobierno de coalición, la disputa no se centra tanto en el objetivo de la norma, sino en los métodos propuestos para abordar la prostitución. Las medidas en cuestión incluyen multas a los clientes y la penalización de quienes alquilen espacios para la prostitución (conocida como tercería locativa), con el fin de reducir la demanda y perseguir a los que lucran con esta actividad.
Estas medidas son típicas de los modelos abolicionistas de la prostitución, pero también generan dudas y críticas, incluso entre algunas entidades y expertas que apoyan la abolición, debido a los posibles efectos negativos sobre las mujeres que ejercen la prostitución, especialmente si no se acompañan de un enfoque integral.
Diferentes posiciones
La propuesta de ley actual presentada por el PSOE es muy similar a la que ya presentaron en la legislatura anterior, la cual tampoco consiguió suficientes apoyos parlamentarios. Inicialmente, el grupo socialista intentó incorporar esta propuesta a la ley del "solo sí es sí", pero tras el rechazo mayoritario de los grupos, decidieron presentarla como una propuesta independiente.
En ese momento, el PSOE logró el apoyo del PP y de parte de Unidas Podemos, aunque los siete diputados de En Comú Podem votaron en contra argumentando que la propuesta se hacía "de espaldas a las propias mujeres que la ejercen".
Esta división de opiniones sobre la prostitución, que ya existía dentro de Unidas Podemos, se refleja ahora en Sumar.
Sin embargo, los distintos grupos dentro de Sumar han logrado un consenso para rechazar la propuesta del PSOE después de varias semanas de discusiones internas. Según fuentes de Sumar, el consenso no fue difícil de alcanzar porque la propuesta del PSOE no satisface a ninguna de las posiciones internas y resulta difícil de conciliar incluso con las más abolicionistas.
Engracia Rivera, diputada de IU con una postura claramente abolicionista, declaró que aunque su partido no renuncia a sus planteamientos, "jamás" podrían apoyar la propuesta tal como está ahora, calificándola de "punitivista y prohibicionista".
Tercería locativa y multas
Son dos los puntos principales de la propuesta socialista. Por un lado:
El PSOE recoge así las medidas emblema de los proyectos abolicionistas más señalados, como el de Suecia.
En cuanto a la tercería locativa, los socialistas quieren recuperar esta figura, presente en el Código Penal de 1973 y que se derogó posteriormente, y que prevé castigar a los dueños de locales en los que se ejerza la prostitución, aunque exista consentimiento.
"El que, con ánimo de lucro y de manera habitual, destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona", dice el texto, que busca perseguir a quienes se lucran con la prostitución.
Sumar, sin embargo, considera que muchas prostitutas ejercen y viven en los mismos espacios y cree que una medida así puede dificultar aún más el acceso de las mujeres a la vivienda o bien verse sometidas a desahucios, chantajes o miedo a denunciar posibles agresiones para evitar quedarse sin casa.
Por otro lado, lo mismo ocurre con las multas a los clientes:
"En ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución", dice el texto. La medida busca desincentivar la demanda, algo que muchas voces consideran indispensable para frenar la prostitución.
No obstante, Sumar sostiene que esa penalización de la demanda afectaría a la fuente de ingresos de las prostitutas y que, sin ninguna otra medida que la palie, podría agravar la precariedad y la pobreza de muchas.
"No podemos darle apoyo porque cuando hablamos de mujeres que ejercen la prostitución, estamos hablando de realidades atravesadas generalmente por la desigualdad, el racismo, la transfobia, la pobreza y esa proposición de ley no aborda en absoluto soluciones a esas cuestiones estructurales", aseguraba la diputada de Sumar Gala Pin.
