El Ministerio de Sanidad propone realizar pruebas de alcoholemia en los "lugares y circunstancias" en los que está prohibido consumir esta sustancia e instalar en las máquinas expendedoras mecanismos de vigilancia y custodia directa que impida a los menores adquirir bebidas alcohólicas.
Estas son algunas de las propuestas del anteproyecto de ley de alcohol y menores que la ministra Mónica García ha llevado este martes al Consejo de Ministros y que quiere incorporar además fuertes restricciones a la publicidad de las bebidas alcohólicas.
"No queremos que haya patrocinio o publicidad en los lugares en los que haya menores", ha sentenciado García.
La intención de su ministerio es proteger a menores y embarazadas de los efectos nocivos del alcohol reuniendo en una única ley estatal las distintas normas que ya hay "dispersas" sobre el asunto y agrupar las que ya aplican las diferentes comunidades, con el "máximo respeto" a sus competencias.
"No existe cantidad de consumo que no tenga riesgo ni la dosis buena de alcohol, y mucho menos para los menores", ha zanjado García.
Con esta premisa, el Gobierno plantea prohibir el alcohol para todas las personas en centros docentes de educación infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y de enseñanzas especiales.
También en centros de protección de menores y residencias de estudiantes que los admitan, en otros centros de menores o destinados a su uso y en "centros deportivos, de ocio o espacios dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan concebido expresamente para personas menores de edad".
Es decir, en un partido de menores no se podrá consumir cerveza, pero sí en los de adultos aunque haya menores de edad presentes.
Del mismo modo, se prohíbe la venta ambulante y sin licencia administrativa en la vía pública y en los demás lugares y circunstancias establecidos en otra ley u ordenanza municipal.
En este sentido, el suministro automático de bebidas alcohólicas requerirá que las máquinas de dispensación, que no podrán instalarse en la vía pública ni en lugares donde esté prohibida la venta o consumo de alcohol, incluyan "mecanismos técnicos eficaces, con vigilancia y custodia directa" que garanticen que los menores no puedan comprar.
Multas a cambio de programas
Sanidad también quiere habilitar a las fuerzas de seguridad para realizar pruebas de alcoholemia, que se harán a menores y adultos y se limitarán a métodos no invasivos como el etilómetro, en los lugares en los que no se puede beber.
El nuevo texto prevé la posibilidad de suspender las hipotéticas multas a cambio de participar en programas preventivos de sensibilización o rehabilitadores; de hecho, el espíritu de la futura ley es "contribuir a un cambio cultural" desde una orientación educativa, "no punitiva", ha destacado la ministra.
200 metros para la publicidad
El anteproyecto también pretende vetar "cualquier forma directa, indirecta o encubierta de publicidad" de bebidas alcohólicas o productos que simulen ser una, incluyendo el nombre comercial, símbolos o marcas comerciales de las personas o empresas productoras de dichas bebidas, dirigida a menores.
Además, en la publicidad o comunicaciones comerciales no se podrá usar la imagen o la voz de menores de 21 años o de mayores de esa edad cuando se presenten caracterizadas o disfrazadas de menores. Tampoco de "personas o personajes, reales o de ficción, cuya relevancia pública o su popularidad estén vinculadas con la población menor de edad, mujeres en estado de gestación, aunque hayan prestado su consentimiento, o la imagen de un feto".
