Este año Manuela Carmena ha aprobado una partida de 76.500 euros destinadas a becar a las trabajadoras del sexo que quisiesen buscar otra profesión, partiendo de la base de que una mejor educación les abriría puertas para dejar la prostitución. Esta es una medida paliativa en un país en el que la prostitución no es ilegal, pero tampoco está regulada. En este sentido, en 2015 Albert Rivera propuso la legalización de la prostitución como forma de recaudar más dinero en forma de impuestos para las arcas públicas, a lo que le siguió una propuesta de Pedro Sánchez para multar a los demandantes de estos servicios, siguiendo el modelo sueco. Ambas propuestas provocaron un debate social sobre la prostitución en España, sobre la posibilidad de ilegalizarla o regularla y sobre el cómo hacerlo.
1 Ignorar el problema, la solución española
En general, son cuatro las principales medidas que se pueden tomar al hablar sobre la prostitución: la ilegalización total tanto del ejercicio como del consumo; la regulación del ejercicio; la penalización del consumo a través de los clientes, pero no de la prostituta; y la opción española: el vacío legal.
En España la prostitución no es una actividad regulada, lo que implica que una trabajadora no tiene ningún tipo de protección laboral: no puede darse de alta en la Seguridad Social, ni cotizar, ni ir a huelga o tener unas vacaciones. Sin embargo, el ejercicio libre de la prostitución no está penado, aunque sí la prostitución en el caso de los menores, la prostitución forzada o el proxenetismo.
Por otro lado, el consumo de la prostitución sí que está penado según la Ley de Seguridad Ciudadana: se castiga con multas de entre 601 y 30.000 euros cuando el ejercicio se produce en zonas de tránsito público, cerca de lugares destinados a su uso por menores, como parques o escuelas, o zonas que pongan en peligro la seguridad vial. Por otro lado, los municipios también pueden regular este ejercicio practicado en la calle a través de sus ordenanzas cívicas.
Dado que la prostitución no está regulada, por tanto, no es posible abrir un establecimiento que se dedique a proveer este servicio, con lo que en general estos lugares se protegen bajo el paraguas de la hostelería: se dan de alta como hoteles o spas, imposibilitando que exista un censo oficial sobre el número de burdeles que hay en España.
2 Las cifras de la prostitución
Desde septiembre de 2014 el PIB español incluye, bajo normativa europea, una parte de las actividades ilegales como el tráfico de drogas, el contrabando y la prostitución. A pesar de que no se sabe el número de mujeres que ejercen la prostitución en este país y que los datos sobre esta actividad son muy escasos y poco fiables, el INE publicó sus estadísticas afirmando que la prostitución supone un 0,35% del PIB en base al año 2010, unos 3.783 millones de euros.
Y es que según un informe elaborado por la Universidad Pontificia de Comillas por encargo de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, no son pocos los hombres que alguna vez han demandado este servicio: un 20% de los varones en España afirman haber pagado a una prostituta. La mayoría de estos hombres, además, afirman que no se preguntaron si la trabajadora del sexo estaba siendo víctima de una red de explotación sexual, y un 10% creyeron haber visto menores de edad entre las mujeres, sin haber hecho nada para tratar de ayudar.
Según los estudios citados por la ONGD Anesvad ocho de cada diez mujeres que ejercen la prostitución en España lo hacen contra su voluntad, forzadas directa o indirectamente por redes de explotación. "La explotación sexual es una de las modalidades de trata más extendida y común en todo el mundo. Su impacto se prolonga tras el cautiverio y deja graves secuelas físicas y mentales en las víctimas, en su mayoría mujeres, niñas y niños", explica el informe. Un estudio elaborado por Anesvad junto con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) señala que un 48% de las víctimas de trata han sufrido violencia física o sexual, amenazas, vejaciones o encierros, y que un 42,8% sufre trastornos por ansiedad, un 61,2% depresión y un 14,9% estrés postraumático.
Esta realidad, además, es mucho más cruel con las mujeres no autóctonas: se estima que cerca del 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son inmigrantes, y la mayoría de ellas en situación irregular. Esto implica que además de ser víctimas de las desigualdades de género son víctimas de una Ley de Extranjería que reduce sus posibilidades de encontrar trabajo, reduciéndose este a las formas más precarias.
3 Las medidas tomadas
El vacío legal para la prostitución, por tanto, no es una opción. Al no existir datos sobre el número de establecimientos en los que se ejerce la prostitución o el número de mujeres que la ejercen, y al no existir una protección social para las trabajadoras del sexo, el resultado es el descontrol y la desprotección de las personas más vulnerables.
Por otro lado, dados los datos de inmigración y abuso que rodean la situación de las prostitutas, prohibir tanto el consumo como el ejercicio de la prostitución únicamente va a fortalecer a las redes de extorsión, dejando en una situación de vulnerabilidad y desfavoreciendo a las trabajadoras del sexo. Por tanto, las dos opciones reales sobre la prostitución giran en torno a la regulación y a la penalización del consumo.
Esta primera medida se ha tomado en lugares como los Países Bajos, donde la prostitución supone un 0,4% del PIB, unos 2.500 millones de euros. Tras las medidas de legalización que se llevaron a cabo en el año 2000, se endurecieron las leyes para proteger a las menores y se elevó la edad para ejercer la prostitución de 18 a 21 años. Sin embargo, los datos apuntan que al haber una legislación más permisiva con respecto a esta profesión, el tráfico de mujeres irregulares para explotarlas con fines sexuales ha aumentado un 10%.
La penalización del consumo, por otro lado, es algo que se lleva a cabo en países como Suecia, donde la reducción de la demanda ha provocado una caída del número de trabajadoras del sexo entre un 30% y un 50%. Sin embargo, colectivos como Hetaira, que trabajan con prostitutas y luchan por la defensa de los derechos de estas mujeres, denuncian que este tipo de prácticas empeora las condiciones de trabajo de un colectivo que ya tiene suficientes dificultades.
