En el 40 aniversario de la Constitución Española, las voces que piden una reforma de la Carta Magna aumentan con el paso de los días. El texto, que ha garantizado uno de los mayores períodos de paz conocidos en la historia de nuestro país, se encuentra obsoleto, a menos, a ojos de muchos ciudadanos.
Los argumentos que esgrimen esta necesidad de renovación son completamente subjetivos, aunque hay uno especialmente destacable: el marco político en el que se firmó el actual texto difería especialmente de la actualidad. Sobre todo, si tenemos en cuenta que aquel contexto de inestabilidad amenazaba con sucesivas intentonas de golpe de Estado que, finalmente, se consumaron en el año 1981.
Pero ahora, en 2018, nadie piensa en el levantamiento dle Ejército español. Ni, tampoco, tenemos inestabilidad, miedo de volver a dictaduras o la incertidumbre de cerrar un régimen profundamente antidemocrático. El periodo actual permite debatir con normalidad algunos 'flecos' que quedaron en el tintero en 1978. Y, por tanto, no se trata de tirar por la borda esta Constitución, sino de renovar algunos de sus puntos más polémicos. Estas son algunas propuestas:
1 Reforma del modelo territorial
Se trata de uno de los puntos más fundamentales a la hora de articular un país. España vive un modelo único en el mundo: el estado de las autonomías. El marco actual supone una suerte de país federal, pero sin reconocerlo. Y esto pesa a la hora de reconocer ciertas sensibilidades.
El debate sobre cómo debe articularse España es amplio. La centralización absoluta que plantea VOX parece una quimera y queda la posibilidad de articular sobre el papel la federación que de facto constituye nuestro país.
¿Un estado federal asimétrico? Sería una posibilidad, para conceder un estatus especial a las denominadas como 'nacionalidades históricas' y destacar esa diferenciación, sobre todo, con comunidades artificales como Madrid, La Rioja o Murcia. Por cierto, el caso del País Vasco o Navarra, con los cupos, vuelven a ser la representación de que esta propuesta ya está implementada en España.
Por último, algunas voces sugieren el encaje de Cataluña o País Vasco como estados libres asociados, al estilo de Puerto Rico. Una propuesta que, por falta de apoyos, no cuenta con ninguna posiblidad de prosperar.
2 Delimitación de competencias entre administraciones
Derivado del punto anterior, España enfrenta un conflicto competencial mayúsculo y que necesita una resolución rápida. La falta de concreción sobre qué materias corresponden a los gobiernos autonómicos y cuáles forman parte del Ejecutivo central, ha derivado en el conocido como 'café para todos' que tantas críticas despierta.
La posibilidad de cerrar consenso en esta materia puede causar muchas dificultades, pero permitiría acabar con muchas de las duplicidades que han afectado a las cuentas de nuestro país. Además, el simple hecho de cerrar este punto dentro de la Carta Magna permitiría agilizar muchos trámites y gestiones lo que, al fin y al cabo, se traduce en una manera más efectiva de solucionar los problemas de los ciudadanos.
3 Mayor fiscalización de las cuentas públicas
La lacra de la corrupción continúa azotando España y se sitúa como uno de los principales problemas para los ciudadanos. Es evidente que, en esta nueva etapa, habría que intensificar la lucha contra esta problemática desde todos los ámbitos.
La renovación del texto podría instar a la creación de organismos más eficientes a la hora de fiscalizar las cuentas públicas, sobre todo en las administraciones locales y autonómicas, donde se registra la mayor tasa de corrupción del país.
Por otro lado, reconocer las obligaciones de cada gobierno a la hora de gestionar las cuentas de manera honesta y transparente, sería uno de los mayores alicientes para ganar argumentos legales a la hora de prevenir estos casos o de mejorar su lucha en los tribunales.
4 La revisión de la Ley Electoral
La Ley d'Hont rige en España y premia a las regiones más despobladas frente al resto. Por ello, para que un candidato llegue al Congreso de los Diputados, deberá contar con más apoyos en provincias como Madrid o Barcelona, que en Soria.
Este movimiento es evidente: evitar que las zonas con menor población puedan ser excluidas del Parlamento, a pesar de que la Cámara Territorial se constituye en el Senado.
El problema: la baja representatividad de algunos partidos emergentes o de los menos atractivos en el mundo rural, provoca que una mayor dificultad de ascenso de otras formaciones políticas que solo se está solucionando en un contexto tan frágil como el actual.
Además, muchos de los diputados que se presentan por una demarcación no conocen el territorio y, en algunos casos, no han llegado a visitarlo en toda una legislatura. Por tanto, el sistema se está desvirtuando.
Por tanto, hay dos vías: o modificar el actual régimen por un sistema proporcional o dotar a la Ley d'Hont de herramientas para garantizar que todos los diputados se encargan de defender a los territorios en los que han recibido sus votos. Cualquiera de las dos vías necesita, por tanto, una reforma de la Constitución.
5 Reformar el Senado
Hemos mencionado el Senado, pero cabe destacar también la necesidad de realizar una reforma en esta institución. Primero, por la necesidad de delimitar con mayor claridad las competencias a ejercer como cámara territorial en nuestro país.
Una de ellas podría pasar por constituirse como un centro de debate y gobierno conformado por miembros de cada uno de los ejecutivos regionales de nuestro país. Y, con ello, legislar de cara a las necesidades de cada territorio e influir en las decisiones del Parlamento.
Con ello, por ejemplo, se podría instar al Parlamento a ejecutar la construcción del tan demandado 'Corredor del Mediterráneo', en el caso de que sumasen su voz administraciones como la andaluza, murciana, valenciana o catalana, conformadas por gobiernos de diverso color político. O el tren de Extremadura, en el caso de que varias regiones alcancen acuerdos para apoyar medidas con un foco más local.
6 Blindaje de derechos sociales
Este punto tiene un cariz más ideológico y podría resultar más controvertido. Sería, básicamente, plasmar un blindaje constitucional a la Sanidad y Educación públicas, estableciendo mínimos como, por ejemplo, ratios de servicios por población.
Es evidente que se trata de un debate muy intenso, pero permitiría establecer unos mínimos y evitar diferencias sangrantes entre territorios como consecuencia de recortes; ya que parece complicado que estas competencias puedan retornar nuevamente al Gobierno central.
7 Elección del modelo de Jefatura del Estado
A tenor de lo que se puede palpar en la calle, parece que uno de los debates más cadentes se centra en la Jefatura del Estado. El referéndum de la Constitución incluyó este apartado en el texto, pero las palabras de Adolfo Suárez que recientemente han visto la luz, en las que reconocía que se optó por esta vía "porque hacíamos encuestas y perdíamos" deberían dar un vuelco.
¿Habría que realizar una consulta previa entre República y Monarquía y posteriormente blindar el resultado dentro de la reformada Constitución Española? Sería un aspecto que daría pie a un intenso debate.
8 Limitación de aforamientos
La limitación de aforamientos ha sido otro de los puntos más debatidos durante los últimos años. Esta herramienta, nacida con el objeto de evitar querellas como consecuencia de los encendidos debates en sede parlamentaria, ha derivado en una larga lista de representantes públicos con procedimientos judiciales obstaculizados.
¿Cómo se debería gestionar? La excepción española (hay 10.000 personas), choca con países como Alemania, Reino Unido o Estados Unidos en los que no hay ninguno. O Francia, donde solo se registran 21 casos.
Tampoco hay consenso en torno al tratamiento judicial que deben recibir las personas que se encuentran bajo esta situación. En España, los casos se deben elevar al Tribunal Supremo, donde se dirimirá el futuro de la causa (aquí se señala la politización de este órgano que luego comentaremos) y afectan a todo tipo de delitos. Mientras tanto, en Holanda se limitan a lo dicho en el Parlamento y en Francia se excluye todo lo realizado en el ámbito privado. Por el contrario, Grecia excluye completamente cualquier delito realizado durante el ejercicio del cargo.
9 Despolitización de la Justicia
Hemos hecho una breve mención en el punto anterior, pero es evidente que debería blindarse la independencia del Poder Judicial en la reforma de la Constitución, garantizando que prima la meritocracia a la hora de elegir a los miembros de la cúpula de la Justicia.
Algunos escándalos, como los mensajes de WhatsApp de Cosidó jactándose de colocar jueces en el Supremo o la colocación de personas como el fiscal Moix, amigo del expresidente Ignacio González, como fiscal en el Caso Lezo; son llamativos.
Son algunos de los puntos en los que se podría basar la reforma de la Constitución. Y, con ello, cerrar una etapa con un texto dispuesto a permanecer en el tiempo. Es evidente que no podemos firmar una nueva Carta Magna con el paso de cadaz generación, pero tampoco que se puede mantener la base jurídica de un Estado escrita en una época convulsa y de elevada excepcionalidad.
