El 24 de mayo hace un año desde que, al grito de 'Sí se puede', las masas aclamaron a Ada Colau a las pocas horas de confirmarse que su partido, Barcelona en Comú, había ganado las elecciones en la capital catalana. Con esa victoria la ciudad daba carpetazo a los cuatro años de gobierno de Xavier Trias (CiU) y le encomendaba a Ada Colau la tarea de convertirse en la primera alcaldesa de Barcelona.
Procedente del activismo vecinal y conocida por su labor como portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau tomó las riendas de Barcelona con solo 11 concejales de los 41 con los que cuenta el consistorio. Ante sí, un reto mayúsculo: llevar a cabo las medidas prometidas en campaña sin tener una mayoría clara. ¿Lo ha conseguido? ¿Tanto ha cambiado Barcelona desde hace un año?
Hoy me pongo en modo Ana Pastor y os invito a repasar conmigo seis ejes principales del programa de Barcelona en Comú para ver hasta qué punto se han cumplido las promesas electorales.
1 Vivienda
Al día siguiente de recibir el bastón de mando de la ciudad, Ada Colau se dirigía al distrito de Nou Barris para velar por el paro de desahucios pero, ¿hasta qué punto su pasado como activista se ha visto reflejado en este primer año de mandato? Uno de los puntos estrella del programa electoral de Barcelona en Comú era evitar los desahucios por motivos económicos, lo que en el último trimestre de 2015 se tradujo en la solución de 184 casos y el aplazamiento de 217 desahucios.
Sin embargo, la capacidad municipal para parar desahucios es limitada. Aunque el Parlament catalán aprobó la Ley 24/2015 de emergencia social y pobreza energética el pasado mes de julio con el objetivo de garantizar la vivienda y los suministros como derecho básico de las personas, el Gobierno central en funciones la recurrió ante el Tribunal Constitucional. A pesar de esto, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha multado a tres bancos por tener 12 viviendas vacías y a dos inmobiliarias por desahuciar sin ofrecer alternativas de alquiler social.
2 Modelo turístico
Los que vivimos en Barcelona sabemos que esto del turismo hace años que ya se ha ido de madre. Y si encima somos vecinos del Park Güell, la Sagrada Familia, la Barceloneta o cualquier otro lugar de peregrinaje turístico, podemos dar testimonio de que más no siempre es sinónimo de mejor. Conscientes de este problema, Barcelona en Comú recogió en su programa la necesidad de racionalizar y regular el modelo turístico para que no mate (aún más) los barrios de Barcelona.
Al poco de llegar al ayuntamiento, Colau dictó una moratoria de un año en la concesión de licencias para alojamientos turísticos, una medida que se ha prorrogado un año más para dar aire a las negociaciones previas a la aprobación del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT). Esta norma es la que ha de establecer dónde y cómo se otorgarán nuevas licencias con el objetivo de centrifugar lo que se considera una excesiva concentración turística en el centro. Sobra decir que se trata de una idea aplaudida por los vecinos más directamente afectados pero muy cuestionada por el sector turístico de la ciudad -que es, por cierto, uno de los lobbys más importantes-.
3 Transparencia y corrupción
El gobierno de Colau ha querido hacer siempre bandera de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Una de sus medidas estrella ha sido la puesta en marcha de una Oficina de la Transparencia para que los ciudadanos denuncien prácticas corruptas y un código ético pionero que ahora está en fase de discusión con el resto de grupos políticos. Según recoge el diario Público citando fuentes municipales, este código será de obligado cumplimiento para todos los cargos electos y a los directivos de las 42 empresas y entes municipales. Tendrá carácter punitivo, prohibirá puertas giratorias, viajes innecesarios y recibir regalos de más de 50 euros.
Más allá de eso, la semana pasada se aprobó un decreto pionero para aumentar la transparencia en la contratación, una norma que prohíbe al Ayuntamiento de Barcelona contratar a empresas que usen filiales en paraísos fiscales para evadir o blanquear capitales. En cuanto a otra de las medidas estrella, la limitación salarial de los cargos electos, fue tumbada por el pleno del Ayuntamiento. A pesar de mantener el sueldo del equipo de gobierno anterior, Ada Colau y los ediles de Barcelona en Comú cobrarán un máximo de 2.200 euros por su código ético y donarán la diferencia a entidades sociales para mantener su promesa electoral.
4 Empleo y lucha contra la pobreza
Poner freno a la creciente desigualdad entre los barrios de Barcelona es uno de los objetivos del programa de Barcelona en Comú. Para ello, se ha aprobado el Plan de barrios que prevé destinar 150 millones de euros en 15 barrios a lo largo del mandato. La construcción de viviendas protegidas, la rehabilitación de edificios en malas condiciones o el despliegue de planes educativos y laborales son algunas de las líneas de acción que contempla este plan, que empezará por el eje Besòs. Queda ver cómo resolverá este plan la ansiada cobertura de la Ronda de Dalt, que atraviesa varios de estos barrios.
La política de acogida de refugiados también ha tenido su hueco en este primer año de Ada Colau como alcaldesa: "Tenemos un Estado inmoral y el acogimiento necesita de los vecinos. Aunque no quiera el Gobierno central las personas vendrán y tenemos que trabajar todos para que sean incorporados como vecinos", aseguró en la asamblea anual de la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas de Barcelona (FAVB).
5 Transporte
Fomentar el uso del transporte público, limitar el tráfico rodado y estimular la circulación a pie y en bici son algunos de los objetivos de Barcelona en Comú en materia de transporte y movilidad. Una de las medidas estrella de este plan es la unión de los dos tranvías por la Diagonal, con la que se prevé retirar 12.500 vehículos de la calle. Esta iniciativa, que tiene en CiU a su principal oponente, costará alrededor de 175 millones de euros.
El otro gran plan del gobierno municipal para limitar el tráfico de coches y así devolver los barrios a los ciudadanos y mejorar significativamente la calidad del aire es la creación de las llamadas superilles ('supermanzanas' en catalán). Esta medida, que el periódico británico The Guardian alabó hace apenas una semana, consiste en crear un perímetro de manzanas donde las calles que quedan dentro tengan una reducción significativa o total del tráfico. El distrito de Sant Martí será el primero en tener una superilla, que tendrá un coste de 1,7 millones de euros.
6 Seguridad ciudadana
La venta ambulante está siendo uno de los principales problemas en materia de seguridad ciudadana. La agresión de un grupo de manteros a tres agentes de la Guardia Urbana (la policía municipal) ha sido la guinda de este conflicto, lo que ha provocado que el Ayuntamiento haya decidido personarse judicialmente como acusación. Más allá de eso, el problema con los manteros está lejos de terminar. Con el objetivo de favorecer su regularización, el gobierno de Colau ofrecerá contratos de un año a los manteros e intensificará las multas a los compradores.
Otra de las medidas anunciadas recientemente ha sido la eliminación de los antidisturbios en la Guardia Urbana, que se ha llevado a cabo para conseguir la abstención de la CUP en la votación de los presupuestos municipales y así conseguir aprobarlos. La incorporación de 5,2 millones de euros en partidas sociales y para atajar la femenización de la pobreza son otros de los acuerdos que el gobierno municipal ha alcanzado con la CUP para conseguir sacar adelante la ampliación del presupuesto municipal.
