El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha procesado al exlíder de VOX en Andalucía, Francisco Serrano, junto a dos ex socios, por su participación en un posible delito de fraude en subvenciones y otro de estafa, en referencia a una ayuda de 2,5 millones que recibió desde el Ministerio de Industria.
El auto esgrime que Francisco Serrano y sus ex socios Enrique Pelegrín y Francisco Javier López se concentraron en 2016 para obtener "sin la debida solvencia", un préstamo de casi 2,5 millones destinado para fines distintos a los fijados, en concreto, la construcción de una fábrica de peleas de la localidad onubense de Niebla.
En la actualidad solo se ha ejecutado la nave principal, por medio millón de euros, y el edificio de oficinas, por 142.600 euros, según el informe del Ayuntamiento de la localidad. El juez explica que, de los 2.489.000 euros abonados por el Ministerio de Industria para la instalación de la fábrica de peleas de acuerdo con las partidas autorizadas, sólo es acorde con el proyecto la cifra de 544.316 euros.
Los investigados constituyeron la empresa porque conocían la importancia que tiene ofrecer ante el Ministerio de Industria "una imagen de solvencia", pero la empresa no se ajustaba a la realidad, e incluía "fondos propios no reales", que facilitaban acceder a la subvención estatal.
En la memoria, además, para conseguir la ayuda, se indica que la compra de tres granuladoras y el ciclo rotativo de secado no es necesaria porque ya lo poseen, así como que el suelo donde se construirá la fábrica ha sido cedido por el Ayuntamiento de Niebla bajo una concesión administrativa de suelo de 30 años.
El juez señala que, cuando recibió la ayuda, "ya no era necesario mantener la apariencia" y durante los siguientes días, "comienza las disposiciones para fines no comprendidos" en el anexo, como varias transferencias al empresario Manuel Gavira Gómez, que tenían conocimiento de que el dinero se iba a destinar al pago de las deudas de las empresas del prestatario.
Además, se destinaron 1,3 millones a constituir un fondo de inversión que sirvió como garantía para que una entidad bancaria prestara aval para asegurar la ayuda, entre otros procedimientos que no se correspondían con los objetivos de la subvención.
"Indicios racionales" de un delito de fraude de subvenciones y otro de estafa
El juez considera que aparecen "indicios racionales" de un delito de fraude de subvenciones y de un delito de estafa, así como que se evidencian "motivos suficientes" para atribuírselos a los tres procesados.
Además, el magistrado ha archivado la causa contra un notario que participó en la operación para recibir la subvención, puesto que "no resulta debidamente justificada la perpetración de delito alguno". La investigación comenzó tras la denuncia del secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de la Policía Nacional.
