La entrada en prisión de gran parte de la cúpula del procés y del referéndum ilegal del 1 de octubre, supone un punto de inflexión para el independentismo. La propuesta de Jordi Turull para ser investido como president se esfuma. Por ello, el líder del PPC, Xavier García Albiol ha propuesto suspender el pleno: su petición ha sido rechazada en un primer momento, aunque finalmente será efectiva.
El pleno planteará una sesión simbólica en la que se debatirá sobre la situación actual de Cataluña y en la que, previsiblemente, se realizará una 'investidura' simbólica de Turull a modo de protesta.
El juez Pablo Llarena ha optado por la prisión preventiva para evitar que los procesados huyan o decidan reiterar los delitos por los que están siendo juzgados. No hay que olvidar que tanto Rull como Turull forman parte del antiguo círculo cerrado que llevó a Artur Mas a abandonar la postura autonomista de la antigua Convergencia en el año 2012.
El pleno de investidura continúa, por tanto, adelante, a pesar de que constituya una ilegalidad. El Tribunal Constitucional considera que la convocatoria viola las normas porque la persona propuesta no se encuentra en sede parlamentaria: así lo recoge, además, el propio reglamento del Parlament. Además, su permanencia en la cárcel no le permitirá manejar las riendas del gobierno autonómico, a excepción de un vis a vis semanal para celebrar los consejos de gobierno.
Turull, en una misiva enviada a través de su abogado, quiso hacer constar a Torrent que la celebración del pleno constituía un acto de "dignidad" del Parlament que dirige. El presidente de la Cámara tiene previsto leer una declaración en el auditorio del Parlament "en defensa de los principios democráticos y de los derechos civiles y políticos".
Mantiene la postura frente a Puigdemont
La Justicia mira con lupa cualquier movimiento de los miembros separatistas para evitar cualquier ilegalidad que pueda poner en peligro el Estado de Derecho en Cataluña. No hay que olvidar que la propia ley del Parlament, la Ley de Presidencia de la Generalitat, obliga a que los candidatos propuestos se encuentren en sede parlamentaria en el momento de su investidura. Por ello, Torrent quiere evitar estos problemas judiciales.
A ello, se suma la decisión del juez Llarena de negar la asistencia a los plenos a todos los diputados encarcelados, lo que podría poner en jaque la aritmética parlamentaria de la que goza el independentismo con un 47% de los votos.
La postura de la CUP
Los cupiers cuentan con una representación paupérrima en el Parlament. Sin embargo, su posición de llave de gobierno ha permitido que condicionen el desarrollo de la pasada legislatura.
En la actual, la situación se repite. La investidura de Turull no se pudo llevar a cabo por la abstención de los cuatro diputados anticapitalistas, que dan por muerto al procés, literalmente. Si los cuatro parlamentarios hubieran apoyado al candidato de Junts per Catalunya, la situación hubiera sido especialmente tensa: un presidente efectivo que se encuentra en prisión.
Podemos, por su parte, continúa con su indeterminación, aunque el líder regional, Xavier Domènech, ha criticado la decisión de la Justicia visiblemente afectado: "es desproporcionada e intolerable". Por ello, ha pedido acciones "unitarias y transversales". A pesar de ello, el líder de Catalunya en Comú ha asegurado que no se dan las condiciones para celebrar el pleno y ha pedido su suspensión. Una de cal y otra de arena, en defintiva.
