La jueza que investiga al alcalde y seis concejales de Reus por un posible delito de incitación al odio contra la Policía ha ordenado la detención de dos ediles. Los dos acusados han eludido las reiteradas citaciones judiciales a las que sí acudieron el resto de los procesados.
Los políticos de la formación anticapitalista se encuentran en mitad de un proceso judicial tras alentar un manifiesto en contra de la actuación policial del 1 de octubre. Los imputados cuestionaron la actuación policial del 1 de octubre y llamaron a la movilización en contra de los agentes desplazados a la localidad que gobiernan.
Una de esas acciones, objeto de la denuncia que realizó la Policía, fue la de "hacer todo lo que resulte adecuado y necesario para que de manera inmediata" los agentes abandonasen el establecimiento frente al que los vecinos se manifestaron.
Los miembros de la formación anticapitalista acostumbran a eludir las citaciones judiciales porque no reconocen las instituciones judiciales y políticas. En este caso, la jueza considera la orden de detención para garantizar el proceso judicial contra los políticos de la formación anticapitalista, que han evitado en repetidas ocasiones la citación de los tribunales.
Junto al alcalde y los seis concejales independentistas de la corporación, al jueza también ha decidido imputar a cuatro bomberos que supuestamente usaron material del parque en el que trabajaban durante las protestas frente al hotel.
También se han incorporado a la causa dos responsables de un gimnasio de la localidad tarraconense por haber expulsado a un grupo de agentes de sus instalaciones. Ambos han negado las acusaciones en todo momento.
"Recuperar la convivencia"
En mitad de la celebración del juicio, el alcalde Carles Pellicer (PDeCAT), que sí acudió al tribunal, aseguró que el manifiesto buscaba "recuperar la convivencia" y "tranquilizar" a la población tras las cargas del 1 de octubre.
Por su parte, la teniente de alcalde Montserrat Videla ha declarado que la manifestación se produjo "en absoluto silencio" y "con las manos en alto", por lo que no puede ser calificada de violenta o incitación al odio, a su juicio.
Los dos concejales para los que se ha solicitado prisión, Marta Llorens y Oriol Ciurana, han criticado lo que consideran una "caza de brujas". Ciurana también ha destacado que su formación "obedece a la República catalana y no a los juzgados españoles".
