El grupo conocido como 'La Manada', condenado a 15 años por la violación sexual de una joven madrileña en los Sanfermines, ha cumplido ya sus primeros días entre rejas.
José Ángel Prenda, Jesús Escudero, Ángel Boza, Alfonso Jesús Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero han pasado sus primeros días sin libertad en el módulo de ingresos del centro penitenciario Sevilla I, donde han recibido la atención necesaria como presos que disfrutan de un régimen de encarcelamiento especial debido al caso mediático por el que han sido sentenciados.
Instituciones Penitenciarias ha optado por aplicar para ellos el protocolo antisuicidios que consiste en brindar apoyo psicológico, médico y social por parte de profesionales, expertos en estas áreas, que guíen a los presos a lo largo de toda su estancia en la cárcel. Además, podrán evitar todo tipo de altercados con otros reclusos debido a la sensibilidad de estos, por el tipo de delito que han cometido. Los cinco fueron recibido al grito de "os vamos a rajar, veletas, perras".
Después de sus primeros días en el módulo de ingreso, el grupo fue trasladado a uno ordinario, excepto el guardia civil Antonio Manuel Guerrero, que ha sido enviado a un módulo específico, acondicionado para fuerzas de seguridad.
Este nuevo módulo está preparado para evitar que todo cualquier tipo de amenaza contra los violadores se lleve finalmente a cabo, pues los presos que se encuentran en su interior son de avanzada edad y es tranquilo. También se les ha asignado a cada uno de ellos un preso de apoyo que les acompañe en el programa antisuidicios y estarán bajo revisión por los profesionales penitenciarios, que revisarán la situación de los agresores cada semana.
Permisos y cumplimiento de condena
Pese a que la cárcel donde se encuentran está catalogada como uso para condenas de corta duración, no se tiene previsto su traslado a otro centro. Se estima que los miembros de La Manada puedan solicitar permisos de salida una vez hayan cumplido un cuarto de la misma, esto sería en el primer trimestre de 2021, donde les corresponderían entre 36 y 48 días al año que tendrían que estar repartidos en períodos de menos de siete días.
Se les exige buena conducta y estar en posesión del segundo grado penintenciario, el cual se espera que se les asigne en los próximos meses, cuando el Supremo redacte finalmente su sentencia, aunque este será consensuado y decidido por Prisiones en un plazo de dos meses. Este grado es el más común entre los condenados en cárceles españolas.
A su condena final de 15 años de duración, que se podría haber visto agravada hasta los 75 si se hubieran presentado y estimado los recursos necesarios, se verá reducida en dos años menos por el tiempo que han estado en prisión preventiva desde el 7 de julio de 2016 hasta el 21 de junio de 2018, que quedaron en libertad provisional. Posteriormente, a lo largo del segundo semestre de 2018 y el primero de 2019, han ido a firmar unas 3 veces por semana, lo cual descuenta 15 días en la condena de cada uno de ellos, atendiendo a la ley del Tribunal Supremo. Cada diez visitas, un día menos de cárcel.
Fuentes de la defensa del grupo han declarado que los miembros del grupo no podrán hacer frente al pago de 100.000 euros a la víctima, como indemnización que dicta la sentencia, por lo que se han declarado insolventes y serán investigados para comprobar su veracidad, en caso afirmativo, no afectará en sus expedientes penitenciarios a la hora de recibir cualquier tipo de beneficio. Cualquier bien del que dispongan así como cualquier salario recibido a través de algún tipo de trabajo remunerado entre rejas, sería entonces embargado, hasta que se hiciera efectivo el pago completo.
Otro factor que los especialistas tendrán en cuenta, es si finalmente los autores del delito se autoinculpan y asumen el delito de violación. Existen tratamientos de resinserción que únicamente son posibles de realizar si los presos asumen los hechos por los que han sido condenados y se reconocen como autores de los mismos.
