Fue en noviembre de 2016 cuando se descubrió la tortura a la que Carmen Martín, la por entonces presidenta de la protectora Parque Animal de Torremolinos, en Málaga, estaba sometiendo a los animales que allí residían. Cuando la Guardia Civil acudió al lugar, encontraron a cientos de perros y gatos muertos esparcidos por el suelo después de haber sido sacrificados con productos eutanásicos.
La Fiscalía pidió en su momento cuatro años de cárcel para la acusada por los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental. Tras el juicio, finalmente se ha dado a conocer la sentencia: la acusada, Carmen Marín, deberá pasar 3 años y 9 meses en prisión.
Así lo ha anunciado el Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga, dictando la inminente entrada a prisión de la mujer por el sacrificio masivo de los animales de la protectora. Además, deberá abonar una multa de 24.200 euros y se le ha denegado la petición de suspensión de la pena.
A parte de la acusación de la Fiscalía, la protectora El Refugio representaba el papel de acusación particular y su presidente, Nacho Paunero, ha mostrado su complacencia con que al fin un maltratador de animales entre en la cárcel en España, algo que no se había dado hasta el momento.
"Auténticas sesiones de exterminio"
Según declaró durante el juicio un veterinario que trabajó en la protectora, lo que pasaba allí podía calificarse de "auténticas sesiones de exterminio". Él mismo decidió grabar lo que ocurria en la protectora para tener pruebas de sus acusaciones, encontrándose con un "patio lleno de perros muertos".
La propia presidenta de la protectora suministraba a los animales productos eutanásicos en dosis más bajas a las recomendadas para ahorrar dinero. Además, los pinchaba como podía o les administraba el producto por vía oral, un uso nada recomendado. Los gritos de los animales, que sufrían una muerte lenta y dolorosa, eran cubiertos poniendo música a un volumen muy alto en la megafonía.
En el Parque Animal de Torremolinos se sacrificaban animales domésticos sin ningún tipo de justificiación, únicamente por la falta de espacio en el centro y el hecho de que la presidenta daba prioridad a sus fines privados. El fiscal acusó a Carmen Marín de ser quien "impartía las instrucciones y las ejecutaba materialmente" con la colaboración de un empleado imprescindible. Se calcula que en el centro se habría exterminado a cerca de 2.200 perros y gatos.
Interés en fines privados
Según se ha sabido a raíz de la investigación, lo que pretendía la presidenta era sacrificar a los animales sin dueño para poder dedicar las instalaciones a fines privados, es decir, a otras actividades o usos que le generasen ingresos. Además, así ahorraba un dinero que luego se quedaba ella misma.
Se calcula que entre enero de 2009 y octubre de 2010 se llegaron a sacrificar unos 2.183 animales. Los dos acusados, Marín y su ayudante, carecían de calificación que les autorizase a sacrificar animales. Además, al necesitar grandes cantidades de productos eutanásicos para realizar los asesinatos, la propia Martín firmaba las recetas a nombre de falsos veterinarios o alterando los datos para conseguir el material.
Toda esta tortura al fin será condenada, un hecho insólito en España que demuestra que las leyes están cambiando y que cada vez se están reconociendo más los derechos de los animales. Eso sí, queda una larga lucha por delante para defender a aquellos que no pueden hacerlo por sí mismos.
