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El presidente de Filipinas quiere cambiar el nombre del país por su relación a España

Rodrigo Duterte rechaza que el nombre del país tenga haga referencia a la historia de España.

Rodrigo Duterte, el actual presidente de Filipinas, ha expresado recientemente su intención de cambiar el nombre del país con el objetivo de eliminar su connotación colonial. El nombre del archipiélago asiático se puso en 1543 en honor al entonces futuro rey de España Felipe II. 

Por esta razón, según ha declarado Duterte, considera que el nombre de Filipinas discrimina a la comunidad musulmana del país, ya que está ligado a la herencia hispánica y cristiana. El núcleo de esta comunidad se concentra principalmente en la isla de Mindanao, situada al sur. 

Duterte sugirió hace unas semanas rebautizar al país con el nombre de Maharlika, un término malayo que hace referencia al pasado prehistórico de Filipinas. Se trata de una alusión a las primeras civilizaciones feudales que habitaron la isla de Luzón, las má extensa de Filipinas.

El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte
"El polémico presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte"

El polémico mandatario explicó en un acto de la provincia sureña de Basilan que no ha decidido "un nombre particular todavía", pero asegura que le "gustaría cambiarlo porque se debe al rey Felipe de España".

No es el primer intento de cambio

La colonización de los españoles se prolongó más de tres siglos, hasta 1898. Al respecto, el mandatario ha declarado que "ha pasado ya mucho tiempo. Hay muchos otros nombres. En Mindanao o Luzón no queda islam, fuimos convertidos burtalmente. Los españoles mataron a todo aquel que no quería ser cristiano".

Pero esta no es la primera vez que un presidente propone cambiar el nombre de este archipiélago. Ferdinand Marcos, el fallecido dictador filipino del que Duterte es admirador, también propuso modificar el nombre del país por Maharlika. Lo intentó en varias ocasiones durante su extenso mandato. 

Los españoles mataron a todo aquel que no quería ser cristiano

Según la actual Constitución de 1987, si el Congreso se pone de acuerdo, se permitiría el cambio del nombre. Si esto ocurriera, posteriormente se tendría que ratificar en un referéndum por una mayoría de la población. 

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