Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha sido demandado por familiares de una mujer que falleció por coronavirus, que han presentado una querella por el delito de homicidio imprudente al considerarle responsable de al menos 27.000 muertes por COVID-19 en España por haber "comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias".
Como medida cautelar incluso solicitan la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. La querella asegura que Simón "ha ido comunicando públicamente una serie de directrices erróneas y contradictorias, haciendo creer a todo la población que el impacto del COVID-19 en nuestro país sería mínimo".
"Dichas directrices han sido fatales pues provocaron, que de forma generalizada, se bajase la guardia hasta tal punto que no se llegó a hacer acopio de medios de prevención para hospitales y ni para que la población en general pudiese trabajar y desarrollar su vida cotidiana con garantías de salud, condenando a millones de personas al desempleo o precariedad laboral, convirtiendo a España en uno de los países del planeta con mayor número de fallecidos por 100.000 habitantes a consecuencia de la infección por COVID-19", añade la querella.
"Quitó hierro a la situación"
El escrito apunta a dos declaraciones públicas del experto en las que, según aseguran, "quitó hierro a la situación". La primera de ellas es cuando el pasado 31 de enero (un día después de la Organización Mundial de la Salud declarara el coronavirus "situación de emergencia global"), desde el Palacio de La Moncloa, Simón afirmó que España no iba a tener "como mucho más allá de algún caso diagnosticado" y que si había transmisión local sería "muy limitada y muy controlada".
La segunda es la respuesta que dio a la pregunta de un periodista sobre si recomendaría asistir a las manifestaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer. Simón dijo que "no prohibiría a su propio hijo acudir, debiendo decidir por sí mismo".
La querella subraya que "lo importante es el retraso en la advertencia a la población de la verdadera magnitud" de la epidemia, pese a las advertencias por el riesgo de contagio de otras administraciones y conociendo la situación que vivía en aquel momento Italia.
Con todo ello, los querellantes proponen que, en caso de que su escrito sea admitido a trámite, se formen dos piezas separadas para investigar a Simón, y a "aquellas personas, especialmente del Ministerio de Sanidad, que pudieran resultar también responsables de los hechos", advierte, por el delito de homicidio imprudente.
