Un grupo de 26 familiares de ancianos que han fallecido en las residencias madrileñas preparan una querella criminal contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, además de diez directores de residencias.
Los denunciantes piden que se abra una investigación por los presuntos delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación y denegación de auxilio.
La propia Isabel Díaz Ayuso ha reconocido en una entrevista publicada ayer en el diario El Mundo que había una directiva para no trasladar a los mayores hasta los hospitales: "Si ha habido criterios técnicos y sanitarios que te dicen que igualmente esta persona va a fallecer, que mejor se quede ahí, yo no lo puedo cuestionar ahora en frío y a toro pasado".
Todos los familiares de ancianos fallecidos en las residencias madrileñas coinciden en que no se permitía el traslado de los ancianos a los hospitales para que fueran tratados de la infección.
La tónica habitual, según los denunciantes, era imponer cuidados paliativos y sobre todo sedación. En ningún caso recibían el tratamiento adecuado para sus necesidades. "Muchos mayores han muerto sin pisar el hospital", denuncia un familar en declaraciones a El Salto Diario.
Esta falta de traslado se une a la falta de medicalización de las residencias madrileñas, que sufrían un déficit estructural que intentó investigar el consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos. En cuanto intentó hacer el gesto y llamar a la UME para que interviniese, la propia Ayuso le retiró las competencias y se las cedió al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, de su propio partido. Ruiz Escudero también aparece como denunciado.
Más de 5.800 mayores han muerto en Madrid
El drama de las residencias madrileñas ha convertido a estos centros en uno de los lugares donde se han producido más muertes en la región: más de 5.800 ancianos han muerto por coronavirus, muchos de ellos sin recibir la atención que precisaban.
Las últimas declaraciones de Ayuso, donde directamente reconoce que existía una directiva para que no se trasladase a los ancianos a los hospitales, ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Toda la experiencia que han vivido los familiares de las personas mayores que han fallecido en estos centros comulga con lo que ahora declara la presidenta. Hay 10 directores de residencias de mayores que también serán denunciados en un caso que promete judicializar la gestión de la pandemia realizada por la Comunidad de Madrid.
