Ha dado comienzo el lunes 11 de enero de 2016 el juicio por el Caso Nóos tras un agónico lustro lleno de confusos enfrentamientos entre los implicados imputados, las sorprendentes revelaciones e incluso las disputas en el procedimiento de los propios miembros de la judicatura. Entre ambos acumulan peticiones de hasta 27 años y medio de prisión: 19 años y medio para él, 8 para ella.
1 ¿Cuál es el origen del Instituto Nóos?
Comenzamos con la organización sin supuesto ánimo de lucro que dirigió Iñaki Urdangarín entre los años 2004 y 2006, fundada en 1999 por su socio Diego Torres. El primero de los grandes escándalos surge por la simulación de la actividad de este instituto en la organización del Foro de Turismo y Deporte en las Islas Baleares durante la presidencia de Jaume Matas desde el año 2005 y hasta 2009. De las supuestas ilegalidades de este centro se hace eco la prensa en el año 2006, como por ejemplo los contratos de 1,2 millones de euros en concepto de dichos foros.
2 ¿Cómo se descubre el Caso Palma Arena?
Jaume Matas (expresidente balear) se ve acorralado por un escándalo que surge por preguntas del diputado socialista Antoni Diéguez en el Parlamento de las Islas Baleares sobre un foro del Instituto, a partir de las cuales se desencadenan investigaciones en torno a los contratos de la ignominia. Los resultados asombran al destaparse un descuadre de 50 millones de euros en la construcción del velódromo municipal de Palma de Mallorca, presupuestado en 43 millones y con un coste final de 110, así como el gasto de más de 1 millón de euros en el coste de dicho foro.
Tal es el alcance de la investigación que el Caso Palma Arena engorda y es troceado en hasta 26 piezas judiciales, cada una más extravagante que la anterior: sobrecostes con contratos con el arquitecto Santiago Calatrava, negocios con el ventrílocuo José Luis Moreno -causa ya archivada- y el propio Caso Nóos. También sale a la palestra la presunta financiación ilegal del PP de Baleares.
3 ¿Cuál es el papel de la Casa Real?
Diego Torres, socio de Urdangarín en el Instituto Nóos, tendría en su poder una serie de correos electrónicos en los que se prueba que el Rey Juan Carlos era consciente de los negocios en todo momento y que instó a su yerno a dejar el Instituto Nóos en 2006. De hecho, Torres asegura que los abogados de la Casa Real llegan a tutelar las propias negociaciones de los implicados facilitando contactos como la reunión entre Rita Barberá, Francisco Camps e Iñaki Urdangarín, que tiene lugar en el propio Palacio de la Zarzuela. Éstos serán testigos -como Alberto Ruiz Gallardón- aunque se libran de la imputación por decisiones del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en contra del parecer del Juez Castro, pero sí se encuentra imputado el ex vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau.
También hay acreditadas conversaciones entre los implicados y el secretario de las infantas, Carlos García Revenga -marcado por su amistad con el Pequeño Nicolás y su fichaje pactado con la Bankia de Rodrigo Rato, truncado finalmente-, donde Urdangarín firma de manera jocosa como duque emPalmado. La implicación de García Revenga llega a la escritura de mensajes con aristócratas saudíes sobre negocios en nombre del suegro de Iñaki Urdangarín, y, siempre según Torres, hay correos del propio Rey Juan Carlos I así como de su abogado personal.
4 ¿Qué ilegalidades incluiría el Caso Nóos?
Concretamente la vigésimo quinta causa derivada del Caso Palma Arena es la concerniente a los contratos de 5,8 millones de euros, entre otras cuantías. El juez José Castro comienza la investigación en 2008 por fraude a la administración, apropiación indebida y malversación. Se habla de la creación de un entramado empresarial por el que el Instituto Nóos se contrataría a sí mismo para sortear ciertas restricciones legales con sociedades pantalla y de la elusión en el pago del impuesto de sociedades en Cataluña, donde se encontrarían involucrados la sede del Instituto Nóos, la sede de la inmobiliaria Aizoon y el piso de Diego Torres. Del mismo modo, salen a la luz contratos de considerable y probable ilicitud en la candidatura olímpica Madrid 2016 y, sobre todo, en Baleares, con la Fundación Illesport, con la que se manejan unos 2,2 millones de euros; y en la Comunidad Valenciana, con Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes y las Ciencias, con valores de en torno a 3,5 millones de euros -el asunto del Valencia Summit por 3,7 millones está archivado-.
5 ¿Por qué se imputa a Diego Torres?
El exsocio de Iñaki Urdangarín es imputado en junio de 2011 junto a su mujer Ana María Tejeiro y en 2012 son citados a declarar. Finalmente acude su hermano, Miguel Tejeiro, antiguo secretario del Instituto Nóos, quien realiza declaraciones ante el juez asociando al entonces duque de Palma una sociedad en Belice de justa legalidad para evadir el pago de impuestos en España, así como cuentas en Luxemburgo -por valor de 1 millón de euros- y en Suiza. Del mismo modo, Diego Torres aporta una serie de correos de sus comunicaciones con el duque de Palma que causan un revuelo considerable pero que parecen ser solo una muestra, dados los 500.000 documentos que aún mantiene sin sacar a la luz esperando la llegada del juicio. Se enfrenta a 16 años y medio de prisión.
6 ¿Por qué se imputa a Iñaki Urdangarín?
El afamado balonmanista de Zumárraga (Guipúzcoa), marido de la infanta Cristina y defendido del abogado Mario Pascual Vives, es imputado en diciembre de 2011 por fraude fiscal, evasión de impuestos, prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos.
En 2009 se le da una salida oscurantista para que, en Washington, pueda dejar los negocios mediante un fichaje como alto cargo de Telefónica -también se intenta con Diego Torres pero rechaza la oferta-. Urdangarín se enfrenta a 19 años y medio de prisión por todos estos delitos y a la imposición de 8 millones de euros de fianza por la Fiscalía Anticorrupción cuando en noviembre de 2013 se produce el embargo del palacete familiar en el lujoso barrio barcelonés de Pedralbes -con mudanza a Ginebra (Suiza) incluida-. En 2015 el juez Castro levanta el embargo del domicilio valorado en unos 7 millones de euros, cuyo pago no cuadra con los ingresos familiares, para que pueda ser vendido y se ingrese una parte en el juzgado en compensación preventiva por la afrenta fiscal. Para todos queda en la mente el inédito paseíllo por la rampa hacia los juzgados de Palma que realizan el duque de Palma -y más adelante la Infanta- parándose a atender a los medios allí presentes.
7 ¿Cómo entra en prisión Jaume Matas?
El expresidente de las Islas Baleares es procesado en 2012 por prevaricación, malversación de caudales públicos, apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental, cohecho, delito fiscal, delito electoral y tráfico de influencias en el Caso Palma Arena. Ingresa en la prisión de Segovia en julio de 2014 para salir por el tercer grado concedido en octubre de 2015 a pesar de su condena a 6 años de prisión. El grupo socialista aporta al sumario del caso una grabación del programa de laSexta 'Salvados' donde el propio Matas reconoce haber concedido esos contratos a Iñaki Urdangarín por ser el duque de Palma -tráfico de influencias-. Matas se mantiene imputado por el Caso Nóos y pendiente del juicio que comienza y está acreditada su reunión con los implicados en el propio Palacio de Marivent.
8 ¿Por qué se imputa a Cristina de Borbón?
Por primera vez en la historia un miembro de la Casa Real española se halla en las circunstancias de imputación procesal. La infanta doña Cristina, defendida por un padre de la Constitución como Miquel Roca, es imputada en abril de 2013, desimputada -figura inexistente en el derecho nacional- en mayo de 2013 y reimputada en noviembre de 2014. Un considerable embrollo judicial producido por las desavenencias entre el ministerio fiscal representado por Pedro Horrach -quien en 2012 da por acreditada la cuenta suiza de Urdangarín- y el juez Castro, involucrándose ambos en disputas y enrevesadas acusaciones mutuas de prevaricación en 2014. Finalmente Cristina Federica de Borbón y Grecia es imputada por dos delitos fiscales como cooperadora necesaria pero no por blanqueo de capitales ni por apropiación indebida de fondos como quería el juez en un principio, gracias a una decisión de la Audiencia Provincial de Palma. Manos Limpias pide 8 años de prisión para ella.
9 ¿Qué ocurre tras las imputaciones?
Para evitar males mayores en su copropiedad de la empresa Aizoon (50% de cada cónyuge) por problemas fiscales -surgidos en 2013 al descubrirse el pago de safaris, viajes, la comunión de sus hijos, clases de salsa, etc- el juez solicita a la Agencia Tributaria información sobre patrimonio y posibles delitos fiscales. Se produce entonces una serie de grotescas negligencias como aceptar hasta tres facturas falsas para no incurrir en delito fiscal o confundir el DNI de la infanta con el de otra ciudadana, retrasando considerablemente la decisión y dando alas a las críticas de la fiscalía dependiente del Fiscal General del Estado -elegido por el gobierno- y que más tarde dimitió. Tras haber sido apartados de la Familia Real, al conocerse la imputación y al no estar en la jefatura del Estado su padre, el Rey Felipe VI toma la decisión de revocar a su hermana el título de duquesa de Palma en junio de 2015 y por tanto a Iñaki Urdangarín el de duque consorte.
10 ¿Cómo afectaría la doctrina Botín a este caso?
Se encara el juicio por el Caso Nóos y aún quedan dudas en torno al proceso. Miquel Roca insiste en la necesidad de aplicar la jurisprudencia basada en la aceptación de la denominada doctrina Botín. Su origen en el Derecho proviene de la necesidad en las altas esferas de evitar que el empresario Emilio Botín se sentara como acusado en los tribunales si no había una acusación de la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, eliminando así el reconocimiento de la acusación popular -en este caso representada por Manos Limpias-. Algo verdaderamente notable, más si luego se elimina con la doctrina Atutxa para poder condenar a un parlamentario vasco por no disolver una agrupación socialista.
El tribunal encargado del deshonroso caso está formado por tres mujeres: Samantha Romero Adán, Eleonor Moyà Roselló y Rocío Martín Hernández. Esta última lo hace en sustitución de Juan Pedro Yllanes, originalmente encargado de presidir el tribunal del juicio y fichado por Podemos para las elecciones del 20-D -ahora diputado por Baleares- tras haber negociado el fichaje del propio juez José Castro.
