El PP de Alberto Núñez Feijóo y VOX han votado en contra de una ley impulsada por la Comisión Europea para luchar contra la explotación laboral, incluyendo el trabajo infantil. Los populares europeos se han dividido en el Parlamento Europeo en la votación de la Directiva de Diligencia Debida y la delegación española ha sido una de las que votado en contra. La derecha teme que ese tipo de leyes supongan un problema para el desarrollo y la competitividad de las empresas.
La idea propuesta por Bruselas pretende que las grandes empresas estén sometidas a un comportamiento "sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de valor globales". Así, plantea que identifiquen, prevengan, acaben o mitiguen el impacto adverso de sus actividades sobre los derechos humanos, como el trabajo infantil y la explotación de los trabajadores. La propuesta también relaciona las actividades de las empresas con el medio ambiente, por ejemplo, que no contribuyan a la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
La Comisión Europea impulsó la directiva debido a los datos relacionados con la sobreexplotación laboral y la inclusión de niños a trabajos forzados: 160 millones de niños en todo el mundo (casi el 10%) se encuentran en situación de trabajo infantil. Casi la mitad de ellos realizan trabajos peligrosos y 25 millones de personas se encuentran en situación de trabajo forzoso u obligatorio.
Los resultados de la Eurocámara
La Eurocámara ha avalado, con 366 votos a favor, 225 en contra y 38 abstenciones, esa propuesta que afectará a las compañías con más de 250 empleados y una facturación superior a 40 millones de euros, así como a las matrices que tengan más de 500 empleados y una facturación global por encima de los 150 millones de euros. En el caso de las que no tengan sede de operaciones en la UE, la legislación se aplicará a aquellas con una facturación superior a esa cifra en la que al menos 40 millones se hayan generado en territorio de la Unión Europea.
Ahora el Parlamento, el Consejo y la Comisión tendrán que debatir antes de su aprobación definitiva y contemplan un régimen de sanciones para aquellas sociedades que incumplan las reglas. Dicha infracción podrá variar dependiendo de la gravedad: desde hacer público el incumplimiento hasta la retirada de sus productos del mercado o multas de hasta el 5% de sus ingresos.
Opiniones de apoyo y en contra de la nueva ley
A favor de la medida ha votado una parte del PPE, los socialistas y demócratas, liberales, verdes y la izquierda. Por otro lado el grupo que maneja Manfred Weber, incluido él y la delegación española, se han opuesto a la medida, junto a la extrema derecha y un grupo reducido de eurodiputados liberales. La delegación española del PP defiende su voto en contra por que "algunos de los compromisos eran demasiado gravosos para las empresas de la UE, especialmente pymes".
Los conservadores sostienen que ese planteamiento repercutirían "negativamente en las competitividad de las empresas europeas a nivel global". De hecho, algunos grupos de la Eurocámara piensan que la medida no ha sido lo suficientemente estricta, ya que no incluye a una gran cantidad de sociedades. "Si bien es una buena noticia que la mayoría haya votado a favor de las normas de la UE, su propuesta se tambalea en la línea de partida, ya que deja a la mayoría de las empresas libres", comenta el responsable de justicia económica de Oxfam, Marc-Olivier Herman.
La extrema derecha de Vox se ha pronunciado también sobre la votación de la Eurocámara. "Las violaciones de derechos humanos se persiguen con policía, jueces, cárcel o dejando de financiar a sátrapas extranjeros, pero no imponiendo más cargas, obligaciones, gastos e ideología en las empresas", resaltó durante el debate el portavoz de Vox, Jorge Buxadé.
Varios eurodiputados de partidos españoles aportaron también en el debate: "es 'equilibrado' porque pone en la balanza la competitividad y la responsabilidad", expresó el parlamentario de Ciudadanos Adrián Vázquez. "Es dramático que el Partido Popular español esté alineado con la parte más carca de la derecha europea", señaló el eurodiputado del PSOE, Ibán García del Blanco.
