La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado la división de las dedicaciones exclusivas y salarios para los concejales del Ayuntamiento. Esto ha provocado la crítica y el descontento de la oposición.
El principal motivo para la confrontación reside en el hecho de que los cuatro concejales VOX, aunque formalmente se encuentran en la oposición, recibirán el salario máximo, parecido al de los concejales del Partido Popular (PP) que sí forman parte del Gobierno. Esta medida ha hecho aumentar las sospechas de un pacto no formal entre ambas formaciones, mientras la alcaldesa defiende su política de "búsqueda de acuerdos puntuales" con la oposición.
La alcaldesa ha concedido a los cuatro concejales de extrema derecha la dedicación exclusiva, que supone un salario de 68.171 euros, la misma cantidad que recibirán los concejales del PP que sí forman parte del Gobierno municipal y que también tienen dedicación exclusiva.
En el caso de la oposición, no dispondrán de esta opción todos los ediles, ya que el número máximo de casos con dedicación exclusiva son 25: 13 del PP y 4 de Vox ya suman 17. Desde las formaciones progresistas se ha denunciado que lo primero en que se han puesto de acuerdo las derechas es "en los sueldos".
Polémica con el cambio de Gobierno en Valencia
Pero los salarios no han sido la única polémica que involucra al nuevo gobierno de Valencia. Las controversias también se centran en el reparto de espacios y funciones dentro del propio Ayuntamiento de Valencia. La alcaldesa María José Catalá ha anunciado que se posicionará a Compromís y PSPV (PSOE) fuera del edificio consistorial, mientras que VOX seguirá en el mismo lugar.
Los socialistas tendrán "una planta completa" y "tres baños" además de una sala de reuniones de "casi 50 metros cuadrados" que será compartida con Compromís, mientras que la formación naranja dispondrá en el mismo edificio, de "una planta entera" y "dos despachos". Desde Compromís y el PSPV han criticado la decisión ya que es la primera vez que la oposición sale del edificio principal, lo que se entiende como un intento de dificultar sus tareas de fiscalización.
Por su parte, María José Catalá ha dicho que esta decisión mejora los espacios de la oposición, dejando de lado que así se libra de compartir espacios con ellos y dificulta la labor de control al Gobierno.
Una situación muy cómoda para Vox
Aunque la alcaldesa María José Catalá ha reiterado que su intención es gobernar en minoría y buscar acuerdos puntuales con la oposición, la realidad muestra un claro acercamiento hacia VOX. Por otro lado, el PP ha llevado a cabo un polémico cambio de nombres en distintas comisiones municipales. Esta modificación ha sido interpretada por la oposición como un intento de acomodar al partido ultra en el Gobierno.
Dichos cambios se ven reflejados, por ejemplo, en la concejalía de Derechos LGTBI, que ahora ha sido incorporada a la delegación de Igualdad, lo que ha generado malestar y acusaciones de la oposición contra el PP de ceder a las exigencias del partido De Santiago Abascal.
Tanto el PSPV como Compromís han mostrado su descontento, viendo esta medida como otro pacto no formal entre el PP y VOX, que se une al tema de los salarios y los espacios municipales para contentar a la formación de extrema derecha y que se produce una vez terminadas las elecciones del 23J.
