Cuando José Luis Martínez-Almeida supo que era más que probable que se fuera a convertir en el próximo alcalde de Madrid, lo primero que hizo fue anunciar su deseo de acabar con Madrid Central. Probablemente lo hizo sin tener en cuenta que de ser así, él y su partido tendrían que recorrer un largo y complicado proceso administrativo y legal para cumplir sus propios deseos.
El proyecto de Madrid Central, impulsado por la hasta ahora alcaldesa de la capital española, Manuela Carmena, ha recibido en las últimas encuestas un aprobado por buena parte de los vecinos madrileños. De hecho, ha recogido sus frutos en el considerable descenso de las emisiones contaminantes. Pero en el plano político, todavía no se ha dejado claro que haya una unidad de criterio respecto a la decisión que PP, Ciudadanos y VOX podrían tomar en este sentido.
En este pacto a tres hay dos partes que lo tienen claro. Martínez-Almeida, el candidato del PP para grobernar en la ciudad, y Javier Ortega Smith, el postulante de VOX, opinan que Madrid Central tiene que desaparecer. Es la tercera parte implicada, la representante de Ciudadanos en el consistorio, Begoña Villacís, quien considera innecesario revertir por completo el plan. Por eso mismo, ha propuesto analizar el proyecto y ver con qué parte se pueden quedar y con cual no.
Un complicado camino legal
Hay que tener en cuenta que acabar con el plan de Carmena requeriría una mayoría absoluta para su aprobación en pleno, por el hecho de que su entrada en funcionamiento supuso importantes modificaciones de las ordenanzas municipales. Además, el PP tendría que salvar también otro importante aspecto legal: los nueve procedimientos abiertos en los juzgados de lo contencioso-administrativo por las denuncias que en su día presentaron los populares y las asociaciones de automovilistas, que pretendían la paralización de Madrid Central. Así lo ha explicado Público.
En su momento, el Ayuntamiento de Carmena hizo uso de sus servicios jurídicos para defender su plan estrella, y consiguieron que los jueces le dieran la razón y desestimaran la petición del PP y las asociaciones automovilistas, que exigían una suspensión cautelar.
En la otra parte del proceso se encuentra la asociación Ecologistas en Acción, que lucha en contra de que los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento puedan recibir las instrucciones de un nuevo gobierno municipal de derechas para desistir en su anterior estrategia legal y dejar de pelear por Madrid Central. Así lo ha explicado Paco Segura, el portavoz de la asociación, que además ha matizado que ellos siguen estando "personados en el proceso, y tenemos la capacidad de seguir manteniendo la defensa de esta medida, que a nosotros nos parece que ha funcionado".
Un ataque a la salud de los madrileños
Otro importante obstáculo a salvar para que el PP consiga borrar de un plumazo Madrid Central tiene que ver con el proceso de infracción abierto en la Comisión Europea contra España por incumplir la normativa de la calidad del aire. En este momento, la ministra Isabel García Tejerina esgrimió como defensa el Plan de Calidad del Aire y Cambio Climático de la ciudad de Madrid, cuya medida principal era Madrid Central.
A esto se le suma la decisión de invertir más de once millones de euros en la instalación de cámaras y dispositivos de control para la puesta en marcha de este proyecto. Estaba previsto que esta cifra se abonara hasta 2025, y ahora la tendría que asumir Martínez-Almeida y su gobierno, tal y como hizo Carmena con los contratos blindados de la recogida de basura y jardinería que firmó Ana Botella.
Ecologistas en Acción consideran "inmoral" que cuando se habla de salud y de descenso de los niveles de contaminación, "por motivos políticos y para responder a las presiones del lobby del automóvil, se quiera retirar una medida que es beneficiosa para el conjunto de los madrileños". En este sentido, Segura ha querido recordar la importante y efectiva dinámica general impuesta en las principales capitales europeas, que se basa en luchar a toda costa contra la contaminación en las grandes urbes.
