Andrés Ayala será uno de los tres integrantes de la nueva Oficina Anticorrupción con la que el Partido Popular pretende mejorar los controles internos en torno a esta materia.
Su elección no habría sido noticia si Ayala no hubiera estado implicado en un presunto caso de corrupción, relacionado con un polémico contrato de Aena que podría haber constituido un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias.
Según relata El Diario, Ayala ejerció como portavoz de Fomento del PP en el Congreso cuando la empresa estatal Aena (encargada de la gestión de los aeropuertos) concedió un contrato en febrero de 2016 al grupo murciano Orenes, del que sorprendentemente Ayala forma parte como socio minoritario en la gestión de varios casinos.
La empresa que se llevó la gestión de las salas de juego de los aeropuertos de Alicante y Málaga también contaba con otro miembro de la 'familia' del PP. Se trata de la propia esposa de nuevo miembro de la Oficina, Carmen Alcaraz, que ejercía como consejera de la sociedad en hasta tres filiales. El contrato de explotación fue adjudicado por 2,5 millones de euros.
Tras la adjudicación, soprendentemente, la mujer de Ayala dejó de ser la consejera de las tres filiales para que el entonces portavoz de Fomento en el Congreso se nombrase a sí mismo en todos los cargos que ocupaba su esposa.
Su nombramiento se produce tan solo doce días después del estallido de este caso y sin que nadie haya querido aportar ninguna explicación. El Partido Popular, mientras tanto, se reafirma en su decisión.
La Oficina Anticorrupción
Por tanto, Ayala continuará al frente de la Oficina Anticorrupción, como uno de los tres miembros que compondrán la mesa y que estará presidida por el exmano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo.
Con esta nueva creación, el partido que actualmente detenta el Gobierno pretende velar con el cumplimiento del régimen de incompatibilidades recogido en los Estatutos del partido y supervisar el cumplimiento de los trámites y requisitos para acceder a un cargo público u orgánico en representación del partido.
Compromís considera que Andrés Ayala no está capacitado para vigilar esas premisas y por ello ha pedido su comparecencia inmediata para que explique lo que han calificado como un presunto "conflicto de intereses".
Con el fin de cumplir sus funciones, los tres miembros que componen este órgano tendrán plena libertad de solicitar la comparecencia de cualquier cargo del partido para que dé explicaciones sobre cualquier acto sobre el que se haya sembrado la duda. Desconocemos, en este caso, si Andrés Ayala aceptará también comparecer teniendo en cuenta que es uno de los tres miembros de dicha oficina.
El Comité Ejecutivo del partido ha aprobado por unanimidad los nombres de las tres personas que compondrán este organismo: Manuel Cobo, Andrés Ayala y la exdiputada Beatriz Rodríguez-Salmones.
La creación de esta Oficina Anticorrupción llega en medio de las útlimas revelaciones de la trama Púnica sobre la financiación irregular del Partido Popular, así como el estallido de la denominada Operación Lezo, que ha evidenciado una gestión dudosa en torno al Canal de Isabel II (empresa pública que gestiona el agua en Madrid) y que ha llevado a prisión al expresidente regional, Ignacio González.
