Los países que funcionan tienen órganos independientes que vigilan que nadie haga trampas en la economía, en la banca, en la justicia, en la energía, en las cuentas de los partidos... Son órganos al margen del poder político, compuestos por los mejores expertos, con suficientes medios a su alcance y con capacidad para imponer sanciones a quien no cumple.
En España, los viejos partidos han asaltado estos organismos, los han controlado, los han manipulado y los han puesto a su servicio. De este modo pueden ocultar la corrupción y hacer favores a sus amigos.
El artículo 122 de la Constitución española ordena que el Consejo General del Poder Judicial esté integrado por el Presidente del Tribunal Supremo y por veinte miembros designados por un periodo de cinco años. Doce elegidos entre Jueces y Magistrados, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado, por acuerdo de una mayoría de tres quintos en ambos casos.
Ley Orgánica de 1985
Fue la Ley Orgánica de 1985 la que en sus artículos 112 y 113 instauró el actual sistema de elección de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial por el Parlamento. Con esta medida subordinaron la justicia a los intereses de los partidos políticos de turno. Las consecuencias para los españoles de este asalto a los organismos independientes han sido paro, pobreza y desigualdad.
La reforma de 2001 ha dejado en evidencia que, mientras el nombramiento de todos los miembros del Consejocorresponda al Parlamento, será imposible que los partidos se pongan de acuerdo respecto a las cuotas a repartir. Los viejos partidos se han repartido los cargos como si aquello fuera su botín, y así se han asegurado de tener el control.
Es imprescindible echar a los viejos partidos de los organismos de control y evitar que entren los partidos burbuja. Los doce vocales del CGPJ deben ser elegidos por jueces y magistrados de forma directa y mediante listas abiertas. La justicia para los jueces, no para los políticos.
Lo más importante de todo, y que ningún otro político se atreve a plantear, es que los vocales no pueden haber militado en un partido político ni ostentado cargo público alguno.
Después de un cuarto de siglo de vida democrática las prevenciones de 1985 ya no se justifican. Digámoslo fuerte y claro: saquen sus sucias manos de la justicia.
