La Audiencia Nacional condenó a Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al Partido Popular al pago de 123.000 euros como responsable civil subsidiario. La sentencia consideró probado que el extesorero del PP pagó en negro, con el dinero de la caja B, un millón de euros para la reforma de la sede de Génova.
Ahora los populares recurren esta decisión y piden al Supremo la absolución de Luis Bárcenas para poder anular su responsabilidad civil derivada del delito.
El delito
El delito de participación en el fraude fiscal por el que se condena a Bárcenas habría prescrito el día 25 de julio de 2013, "fecha en la que aún no se había dirigido este procedimiento contra él", dice el recurso.
La Audiencia Nacional, según el PP, ha realizado una "interpretación restrictiva de las normas que gobiernan la prescripción, entendiendo que hay procedimiento en un momento en el que desde una perspectiva democrática no puede haberlo digno de tal nombre, con garantías mínimas de defensa del imputado".
En este sentido, el PP carga contra los jueces que le condenaron: "¿No estamos en realidad, dicho con el mayor de los respetos, ante un fraude de ley, ante un fraude de prescripción, ante un 'no importa que el legislador haya querido eludir como interruptiva la mera indagación judicial de los hechos, que yo haré pasar esta como una concreta dirección de un concreto procedimiento hacia alguien'?".
Relación con Unifica
Según informa El Diario, el partido de Alberto Núñez Feijóo sale en defensa de Bárcenas pero manteniendo cierta distancia pues afirma que "sólo él conocía y controlaba la supuesta caja B" desde la que se hicieron los pagos a la empresa Unifica. El recurso añade que los pagos que hizo en negro fueron "sin el conocimiento y sin el consentimiento" del partido.
Según el abogado Jesús Santos, que firma el recurso, Bárcenas se concertó con Unifica para pagarle en B pero no tiene ninguna participación en el acto posterior de dejar de pagar a Hacienda.
"Según el relato de hechos, el señor Bárcenas pagó parcialmente unas obras en oculto, en acto previo e irregular que tenía sus propias finalidades, como admite la propia Sentencia, como dar salida a dinero en B que él mismo gestionaba. El que después Unifica no reflejara ese ingreso constituye un acto plenamente propio, interno y soberano, enteramente en su esfera de dominio [de la empresa], enteramente en su ámbito de organización", alega el PP.
También se destaca en el documento que de los 380.000 que la Audiencia Nacional sostiene que se defraudaron al fisco, hay que descontar los gastos que generaron las obras. Según este cálculo, no habría delito fiscal al no alcanzar la cuantía los 120.000 euros.
