"Grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que pueden ser riqueza o poder), realizan acciones que van en contra de la legislación existente". Es una de las definiciones establecidas para denominar a una organización criminal que encaja, según denuncia la oposición, con los entramados corruptos que ha manejado el PP desde hace varios años e incluso décadas.
El partido que sustenta el Gobierno de España, el PP, es el primero en la historia de la democracia en sentarse en el banquillo. Una imagen degradante que empeora la opinión que tienen los ciudadanos de sus políticos -concretamente los de la formación de Rajoy- y que podría dañar la credibilidad de la democracia española a largo plazo.
El PP, primer partido imputado de la democracia
La Audiencia Provincial de Madrid se encuentra investigando y procesando al PP por haber destruido los discos duros de los ordenadores de Bárcenas con la intención de ocultar las pruebas de posibles delitos delictivos cometidos en el seno de la formación popular.
En la causa abierta por los ordenadores de Bárcenas, el PP y varios miembros se encuentran imputados por un delito de daños informáticos castigados en el Código Penal. Sin embargo, la juez no acusó a la formación de centro derecha de un delito de encubrimiento puesto que las personas jurídicas no pueden ser penalmente responsables de este hecho.
Por otra parte, el PP se encuentra siendo investigado e imputado como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros que habrían 'robado' a las arcas públicas. El juez De la Mata ha considerado que el PP se benefició se la reforma "en negro" de la sede del partido en Génova 13 y la Hacienda pública dejó de ingresar esta cantidad al no depositar los impuestos correspondientes. Esta pieza investiga la presunta caja B del PP que figuraba en los papeles de Bárcenas.
Las pesquisas judiciales establecen que el partido de Rajoy pudo beneficiarse de este dinero de origen delictivo, pese a que existiera la posibilidad de que desconociera su procedencia. Sin embargo, el juez considera que el PP es responsable civil subsidiario y tendría que responder ante la justicia devolviendo todo ese dinero defraudado al erario público de todos los españoles. Pero no imputa ningún delito al partido por estos hechos a pesar de que se haya podido lucrar del dinero en negro de la trama Gürtel.
Estas no son las únicas investigaciones que le afectan como partido: durante las pesquisas del caso Taula en Valencia, el juez imputó en 2016 al PP por un presunto delito de blanqueo, lo que azotaría los cimientos de la formación que sustenta el Gobierno de España desde 2011 y se vería acorralado en un mar de corrupción.
La justicia ha imputado por primera vez en la historia a un partido político. El PP estrenaba así la reforma del Código Penal de 2012: la Ley Orgánica 7/2012. En dicha norma, el Gobierno permitió imputar a partidos y sindicatos como personas jurídicas con responsabilidad penal. Es precisamente por lo que se encuentra siendo investigado el partido del Ejecutivo central.
El PP: ¿organización criminal obligada a disolverse?
¿Podría disolverse el PP en caso de ser acusado finalmente de organización criminal o de asociación ilícita? Las trabas burocráticas y judiciales existentes son muy relevantes.
Pese a los deseos de aquellos que denuncian constantemente la forma de actuar del PP y pese a las acusaciones de organización criminal contra el partido de Rajoy, solo podría estar obligado a disolverse si se confirmara mediante una sentencia que ha actuado como una organización criminal. Para ello, tendría que existir una jerarquía establecida que diera órdenes a unos subordinados para delinquir sistemáticamente y saquear las arcas públicas con fines lucratorios.
Sin embargo, pese a que existe esta mínima posibilidad, la falta de finalidad delictiva de origen descartaría, probablemente, al PP -para desgracia de muchos- como una organización criminal.
¿Y si es condenado por asociación ilícita? El Código Penal no establece la disolución de una formación política (sería muy complicado disvolver un partido con una corrupción enraizada en unas zonas de España y en otras no, además de ser contraproducente con los derechos políticos de los ciudadanos), por lo que los detractores de los populares solo se conformarían con ver desfilar a sus imputados por los juzgados y/o cárceles y el PP tendría asumir sus responsabilidades judiciales mediante el pago de una multa.
