En noviembre de 2017 se presentó una proposición de ley mediante la cual se intentaba eliminar el requisito médico para que una persona trans pueda cambiar su sexo y su nombre legal. A día de hoy, para que una persona transexual pueda cambiar sus datos debe presentar un informe diagnóstico de disforia de género y, además, llevar dos años tratándose médicamente "para acomodar sus características físicas a las correspondientes del sexo reclamado".
Esta reforma de ley, que lleva estancada desde principios de 2018, pretendía eliminar estos requisitos médicos amparándose en que la disforia de género no es una enfermedad real. Las personas trans llevan luchando muchos años para tratar de despatologizar la transexualidad, para que esta deje de verse como una enfermedad y comience a verse como una identidad sexual. El Consejo de Europa instó a todos los estados europeos a que garantizaran "que las personas transexuales, incluidas las menores, no sean consideradas como enfermas mentales". Otro tanto de lo mismo hicieron tanto Aministía Internacial como la Organización Mundial de la Salud; esta última dejó de considerar la transexualidad como un trastorno mental. No obstante, continúa denominándola "incongruencia de género".
La reforma de ley que garantizaría la libertad total de las personas trans de cambiar su sexo y nombre a nivel legal está ahora mismo en pausa. Al parecer, hay una sobrecarga de leyes, con lo cual no se pueden convocar más ponencias. El PP aprovechó una de las últimas para proponer que no se eliminase el requisito médico, puesto que consideran que "la identidad sexual y/o expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares". El resto de grupos sí que se mostraron de acuerdo con la reforma, señalando que lo único que deban hacer las personas trans sea presentar una solicitud que precise "de la declaración expresa de la persona interesada del nombre propio y sexo registral con los que se siente identificado".
El Partido Popular, una gran barrera
El PP no solo ha presentado enmiedas a la ley que se ha mencionado anteriormente, sino que ha hecho otro tanto de lo mismo con una ley integral trans que defendía la protección jurídica de este colectivo. Esta ley pretendía crear protocolos para asegurar la no discriminación de las personas transexuales en todos los ámbitos públicos, además de en el ámbito laboral, y supondría también una reforma de la Ley 3/2007 del 15 de marzo, despatologizando la transexualidad.
Junto a las dos anteriores, el PP también ha presentado una enmienda a una ley integral LGTBI que luchaba por combatir de forma activa la discriminación hacia las personas de este colectivo. Por suerte, esta última consiguió aprobarse pese a la negativa del Partido Popular.
Leo Mulió, psicólogo del equipo psicosocial Transdiversa y conocido activista transexual, ha hablado con El Diario, y ha explicado que "esto supone una vulneración de nuestros derechos humanos, que nos coloca en una situación de inferioridad y de patología al tener que demostrar lo que realmente decimos ser". "Esta idea parte de un prejuicio y de esa mirada patologizante de entender la identidad trans como algo diferente a la del resto. A las pesonas trans se nos pone continuamente bajo sospecha de estar mintiendo, de que se nos pueda pasar, de que vayamos a aprovecharnos de alguna forma perversa de la ley. Yo tengo el mismo derecho a que no se me cuestione mi identidad", concluye.
