El PP ha hecho un frente común contra la Ley de Vivienda del Gobierno. Todas las comunidades han apoyado la propuesta del líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, para evitar fisuras en la normativa del Gobierno, que busca reducir los precios y facilitar el acceso a un alquiler, cuando los precios están experimentando un fuerte auge en el mercado.
Cabe destacar que la mayor parte del poder territorial está en manos de la formación conservadora. Son 14 comunidades autónomas, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que niegan aplicar la ley en el marco de sus competencias, a pesar de que lleva en vigor 16 meses.
La alternativa del PP es sustituir lo que califica como medidas "intervencionistas" del Gobierno por un modelo en el que se facilite la construcción de más inmuebles mediante la liberalización de suelo, reducción de burocracia, protección fiscal y jurídica de los caseros o la lucha contra la okupación (una por cada 1.553 viviendas) e 'inquiokupación, así como bonificaciones y ayudas para los jóvenes.
Endurecer el requisito de vulnerabilidad
Entre las medidas que propone la formación conservadora también plantean el requisito para considerar a una persona vulnerable a efectos de la Administración, un requisito que entre otros aspectos dificulta que una persona pueda ser desahuciada en caso de impago.
En la Ley de Vivienda se recoge como condición de vulnerabilidad, tras el estudio desarrollado por los Servicios Sociales, a aquellas personas que cobren menos de 1.800 euros brutos mensuales (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El PP, por el contrario, propone que el umbral sea rebajado a aquellas personas que cobren menos de 1.050 euros al mes. La condición de vulnerabilidad no impide un desahucio, sino que lo retrasa para garantizar una alternativa habitacional, con un plazo de dos meses.
La formación defiende que restringir la protección a personas vulnerables facilitará que haya más casas de alquiler en el mercado y que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, porque los propietarios están exigiendo salarios superiores a los 1.800 euros brutos para no encontrar retrasos que extiendan el desalojo. Sin embargo, esta medida supone en la práctica menor protección para las personas con salarios bajos, que se ven desprotegidas y en situación de calle sin un plazo de búsqueda de una alternativa habitacional.
Sin límites al alquiler
Por otro lado, el PP mantiene su posición en contra de la aplicación de los límites al precio del alquiler, que promete suprimir en cuanto llegue a Gobierno. La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, asegura que se trata de una medida "fracasada", pero la realidad es que en Cataluña, donde se aplica, el precio de la vivienda ha descendido en un 3,1% interanual, según un informe del Colegio Notarial de Cataluña.
Las soluciones que plantean el PP se restringen a liberar suelo y fomentar la construcción de viviendas, incluyendo una bonificación del 100% en el impuesto de sucesiones y donaciones a familiares para comprar una vivienda y una deducción del IRPF a los propietarios que formalicen nuevos contratos de arrendamiento de inmuebles en desuso durante, al menos, dos años.
Además, defienden modificar la ley del suelo, incluyendo la liberalización desde el Gobierno central y las Comunidades Autónomas y ayuntamientos, buscando reducir los plazos de construcción, una promesa que no ha detallado, pero que podría estar concretada en su propia ley de vivienda, que hará pública en las próximas semanas.
