Las familias de los bebés robados durante un período que abarca más de 40 años aún reclaman Justicia. Por ello se vieron en la obligación de acudir a las instituciones europeas, ante la inacción del Gobierno de España. Sin embargo, lo que se acaban de encontrar les ha dejado impactados: el partido en el Gobierno ha intentado que la investigación no prospere.
Según denuncian las familias, el Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy les ha impedido acceder a los archivos para que la Justicia investigue caso por caso los bebés robados que se denuncian. Hay muchos progenitores que cuentan con una edad avanzada y que quieren poder ver a sus retoños antes de que sea demasiado tarde.
Los obstáculos que ha impuesto el Partido Popular se han compuesto de todo tipo de artimañas. Desde las más superficiales, como cuando intentaron cambiar el nombre de la causa de "bebés robados" a "bebés desaparecidos" (a pesar de que las matronas mentían a las madres afirmando que sus pequeños habían muerto tras el parto), a otras mucho más importantes.
Por ejemplo, cuando el eurodiputado popular Carlos Itugaiz envió a la presidenta del Comité de Peticiones dos correos electrónicos en los que pedía que no se tomasen en consideración las peticiones de los familiares de los bebés robados.
Otro de los ejemplos llegó cuando el actual ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, desistió de contestar una petición europea en la que se instaba al Gobierno a facilitar el acceso a la documentación precisada por las familias afectadas. Dastis ejercía por aquel entonces como embajador permanente de España en la UE, por lo que su posición en este asunto era más que relevante.
La UE no comprendió como un representante español podía hacer 'oídos sordos' a una petición en la que se estaba reclamando lo siguiente: "Los peticionarios acusan al Estado español de crimen contra la humanidad". Para Dastis, la reclamación no fue de relevancia y prefirió ignorarla.
Mientras tanto, los grupos de la oposición como Izquierda Unida, se unen a las reivindicaciones de las familias y denuncian la "dejadez" del Gobierno en este asunto, algo que no comprenden porque se trata de un caso de manifiesta "crueldad y violación de los derechos humanos en España", en palabras de la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol.
Europa actúa de manera independiente
A pesar de que el Gobierno de Rajoy ha intentado torpedear esta investigación en España y en el Parlamento Europeo por activa y por pasiva, finalmente no ha conseguido sus objetivos.
El Parlamento ha terminado aprobando la investigaci´on de estos hechos, y una delegación europea ya se está coordinando para dirigirse a España con el fin de investigar todo lo ocurrido durante todo aquel período.
La delegación estará presidida por una diputada británica del partido laborista, y en ella participarán varios diputados extranjeros, que acudrián junto a cuatro españoles vinculados a los principales grupos de la Cámara Europea. En ella también participará, paradójicamente, Rosa Estaràs Ferragut, del PPE, y vinculada al mismo partido que ha intentado boicotear esta necesaria investigación.
