El Partido Popular ha renovado el reglamento de la formación con nuevas novedades entre las que destaca la lucha firme contra los casos de corrupción. La formación conservadora quiere evitar nuevos escándalos que terminen por minar la imagen de una formación que se encuentra en constante declive a favor de Ciudadanos.
En el nuevo código destaca el mantenimiento de la polémica normativa que impide crear corrientes de opinión, un gesto que constituye una 'sanción grave': se castiga, por tanto "crear o inducir a la creación de corrientes de opinión, contrarias a los intereses del Partido, organizadas en su seno, así como participar en ellas".
La normativa también recoge como sancionable "toda manifestación o declaración hecha con publicidad que incite al incumplimiento o descalificación de las decisiones o directrices válidas y democráticamente adoptadas por los órganos de gobierno y representación del Partido".
Realizar este tipo de infracciones puede llegar a la suspensión de la condición de afiliado por un periodo de entre cuatro y seis años; con la inhabilitación para desempeñar cargos del partido o en su representación; e incluso con la expulsión del PP.
Por otro lado, el reglamento también considerará como grave "propagar, por cualquier medio, noticias que desprestigien al Partido, sean descalificatorias del mismo o de cualquiera de sus órganos de gobierno, representación o de los Grupos Institucionales o personas que lo integran".
Además, tampoco se podrá "realizar declaraciones y manifestaciones públicas en nombre del Partido que comprometan públicamente al mismo sin contar con la autorización expresa del Presidente del Comité Ejecutivo que corresponda en sus diferentes ámbitos".
Esta decisión llega en mitad de las divisiones que enfrenta el Partido Popular, que ha sido adelantado por Ciudadanos en las encuestas, y especialmente criticado por su gestión de la crisis catalana. Antiguos referentes en Génova, como el expresidente José María Aznar, también han renegado del PP y ahora defienden a Albert Rivera como principal líder del centro-derecha español.
Denuncias ante la Fiscalía
En la renovación del código también se incluyen otras novedades con las que la formación conservadora intenta alejarse de los escándalos de corrupción que han estallado durante los últimos años.
La más destacada será la obligación de denunciar ante la Fiscalía cualquier sospecha de un delito de corrupción cometido por cualquier cargo público del partido. Además, se considerará como falta muy grave "el incumplimiento del deber de denuncia", la falta de colaboración en las investigaciones internas; o que se falseen u omitan los datos financieros, patrimoniales, penales o curriculares que tendrán que presentar todas las personas que opten a cargos públicos y orgánicos del PP.
Estas medidas, sin embargo, llegan sin que la anunciada -a bombo y platillo- Oficina Anticorrupción continúe sin operar y completamente descabezada. El organismo interno no cuenta aún con unas normas de funcionamiento y esta última reforma del reglamento no contempla ninguna medida para que pueda iniciar su trabajo.
