Según el escrito presentado por Bonopark en el juzgado de instrucción número 52 de Madrid, al que ha tenido acceso El Diario, el Ayuntamiento de Madrid pagó 10,5 millones, es decir, seis millones menos de lo que pedía la empresa concesionaria por la cesión del contrato de BiciMad. Esta ha tenido que responder ante la jueza tras la querella presentada el pasado mes de enero por el Partido Popular.
Bonopark, empresa a la que la exalcaldesa Ana Botella adjudicó el servicio público de bicicletas de Madrid, pedía un montante a la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por la cesión del contrato de 16,7 millones de euros, oferta rechazada por el Ayuntamiento. Al final, el consistorio madrileño pagó 10,5 millones por la remunicipalización del servicio.
El PP piensa que se ha comprado a un precio muy superior al real
Esta operación de remunicipalización del servicio público de bicicletas ha salido a la luz por la querella interpuesta por el Partido Popular de Madrid a Inés Sabanés, concejala de Movilidad y Medio Ambiente, y a Álvaro Fernández Heredia, gerente de la EMT, ya que consideran que hay indicios de malversación de caudales públicos y prevaricación en el precio de compra por parte del Ayuntamiento. Esta querella ha sido admitida a trámite por lo que durante estos meses la jueza investigará todos los contratos.
Los populares consideran que el servicio de BiciMad se ha adquirido por un "precio muy superior al real". Según sus cuentas, Bonopark, tras el anuncio de inminente quiebra hace unos meses, con pérdidas mensuales de 300.000 euros y un requilibrio económico de 3.6 millones de euros, la empresa no vale esos 10,5 millones que ha pagado Carmena por ella. Sin embargo, se olvidan que la concesionaria solicitó medio millón más al año, porque el total ascendía a unos 8,8 millones de euros.
Bonopark se ve maltratada por la oferta de compra
En la otra cara de la moneda se encuentra la empresa concesionaria, Bonopark, que ve insuficiente la oferta que ha tenido que aceptar del Ayuntamiento de Madrid, ya que no ha cubierto totalmente la deuda que se ha generado durante todos estos años de servicio. Sin embargo, no han tenido más remedio que aceptarla por "ante la pasividad del reequilibrio y el impacto constante en los resultados causados", según el escrito presentado a la jueza.
La dura realidad económica de la empresa viene derivada por un excesivo vandalismo que escapó de sus propias previsiones. Bicimad, según el escrito, "sufrió un vandalismo superlativo, muy alejado de las previsiones del Ayuntamiento y concesionaria". Tanto es así que superó los 270.000 euros anuales, y los 3.000 euros de media por bicicleta, de desperfectos por vandalismo; además, Bonopark, cifra que en los primeros 14 meses más de 1.000 bicis fueron afectadas por el vandalismo, superando con creces el "previsto en el plan económico seleccionado por el Ayuntamiento de Madrid como adjudicataria ascendía a 83 bicicletas".
Un excesivo vandalismo que superó todas las previsiones
En el escrito acusan al Ayuntamiento de Madrid de que la oferta de 10,5 millones no tiene en cuenta la cantidad de pérdidas derivadas del excesivo vandalismo sufrido en todas las bicicletas; de hecho, dicen a la jueza que ellos han entregado más bicis y ello no está incluido. Tampoco añaden los costes de mejoras de las infraestructuras de más de 500.000 euros que Bonopark asumió. "Una notable mejora del servicio de BiciMad que ha determinado el incremento sensible de usuarios", según la empresa.
El Ayuntamiento de Madrid y Empresa Municipal de Transportes explican en los documentos entregados al juzgado los detalles de ese montante de 10,5 millones de euros. Un precio que ha sido fijado por los servicios técnicos de la EMT en un análisis jurídico, laboral, contable, operativo y de recursos humanos. A través de los detalles extraídos de las cuentas anuales auditadas de Bonopark, datos de explotación y auditorías técnicas, entre otros procedimientos.
Un caso a tres bandas donde la jueza tendrá que estudiar los diferentes documentos aportados para ver si existe un delito por malversación de caudales públicos y prevaricación en la remunicipalización del servicio de BiciMad.
