El Gobierno de Murcia, formado por PP y Ciudadanos con el apoyo de VOX, seguirá adelante con el veto parental exigido por la extrema derecha, por lo que llevarán a cabo una modificación en los decretos de curriculum educativo de primera, secundaria y bachillerato para introducir y blindar esta normativa.
El veto parental está vigente en Murcia desde el mes de septiembre pero con este blindaje por decreto se introducirán algunas modificaciones, según recoge El Diario. Ahora, se obligará a los alumnos a asistir a la actividad o charla complementaria a menos que exista un no expreso de los padres en lugar de imponer el sí expreso. En caso de que las charlas o talleres sean impartidas por empleados públicos no será necesaria dicha autorización. Por su parte, las acciones formativas coordinadas desde la Consejería de Salud, que son impartidas por enfermeras y médicos, no podrán ser prohibidas por los padres.
Con el veto parental se permite a los padres y madres censurar parte del programa educativo impidiendo así a sus hijos e hijas recibir una educación integral en función de los prejuicios de los progenitores. Podrán prohibir así que los menores acudan a charlas o actividades complementarias que forman parte del curriculum escolar, como formación en diversidad LGTBI, feminismo, racismo o sobre el cambio climático.
Reto al Gobierno
La polémica sobre el veto parental estalló después de que el Gobierno murciano alcanzaran un acuerdo para los presupuestos de la región. Dado que PP y Ciudadanos necesitaron el apoyo de VOX para la investidura, la extrema derecha ha logrado imponer su agenda, algo que pretende repetir en la Comunidad de Madrid y Andalucía.
Este veto dio el salto a la política nacional ante el peligro que supone censurar parte del contenido educativo. El Gobierno del Estado anunció que acudiría a los tribunales si no se rectificaba. Por esta razón, el Ministerio de Educación trasladó al ejecutivo de PP y Ciudadanos en Murcia un requerimiento para que derogara la instrucción vigente sobre el veto parental, dando el plazo de un mes, por vulnerar el artículo 27 de la Constitución y varios tratados internacionales suscritos por España.
En lugar de atender a este requerimiento, PP y Ciudadanos han decidido elevar la ofensiva y, en lugar de derogar la instrucción, blindarla por decreto para regocijo de la extrema derecha.
