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Política

El PP copia una ley obsoleta de 1980 para reformar el Poder Judicial

Pablo Casado ha compartido una enmienda para el Consejo General del Poder Judicial, pero las redes ya han detectado que está copiada de una de 1980.

Pablo Casado ha presentado este 20 de noviembre una reforma para volver al sistema de elecciones anterior en el Consejo General del Poder Judicial. El presidente del PP ha compartido en Twitter la enmienda presentada por su partido ante el Senado, pero poco han tardado las redes en demostrarle que habían copiado artículos obsoletos de una ley de 1980.

Según la ley, los propios jueces votarían a 12 de 20 vocales del Poder Judicial, y los otros 8 los elegirían el Congreso y el Senado. Sin embargo, los documentos que ha compartido Pablo Casado en su cuenta personal muestran figuras como la de los jueces de partido y los de distrito que "hace años que no existen", tal y como le recalcan.

Varios de los puntos de la nueva enmienda se han copiado sin ninguna modificación de la Ley Orgánica 1/1980. Algunos de ellos han quedado obsoletos y no tendrían lugar en la actualidad: tendrán "carácter permanente una Junta Electoral, con sede en el Tribunal Supremo, integrada por el Presidente, quien la presidirá, y, como Vocales, por el Presidente de la Audiencia Territorial de Madrid y por los Jueces Decanos de los Juzgados de Partido y de Distrito de Madrid".

Y es que la Audiencia Territorial se llama Audiencia Provincial en la actualidad y los Juzgados de Partido y de Distrito se unieron como Juzgados de Instrucción. Parece que el texto presentado por el Partido Popular fue elaborado rápidamente mediante artículos ya existentes que apenas se leyeron y modificaron.

El PP se ha visto obligado a elaborar la ley con urgencia

La nueva enmienda surge tras la renuncia de Manuel Marchena para presidir el Consejo General del Poder Judicial a raíz de unos mensajes de WhatsApp filtrados. En ellos, Ignacio Cosidó, portavoz del PP en el Senado, se jactaba del pacto de PP y PSOE y afirmaba que controlaría "por detrás" la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que se encarga de juzgar a los presos independentistas.

El magistrado Manuel Marchena | EFE
"El magistrado Manuel Marchena | EFE"

Manuel Marchena rechaza la presidencia del Consejo, pero se mantiene en el tribunal que enjuiciará a los líderes catalanes pues "jamás" ha concebido "el ejercicio de la función jurisdiccional como un instrumento al servicio de una u otra opción política para controlar el desenlace de un proceso penal".

En consecuencia, el Partido Popular ha roto el pacto con los socialistas y ha culpado al Gobierno de Pedro Sánchez de desvelar el nombre de quien iba a presidir el Consejo. Por este motivo ha surgido la urgencia de elaborar esta ley y han copiado diversos artículos de la ley de 1980.

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