La 'revolución fiscal' que PP, Ciudadanos y VOX prometieron ejecutar en la Junta de Andalucía ya se ha convertido en una realidad. A pesar de las amenazas de la formación de Abascal de 'dejar caer' el gobierno de Moreno tras calificarles como "extrema derecha", la formación de Santiago Abascal no ha encontrado problema en aprobar la rebaja de impuestos de la mano de sus socios.
Eso sí, los amagos de la formación de ultraderecha se produjeron hasta el último momento. Hubo tanta preocupación en el Gobierno, que finalmente tuvieron que movilizarse el vicepresidente Juan Marín y el consejero de Presidencia, Elías Bendodo, para convencerles de la conveniencia de aprobar la medida.
Finalmente, la Junta ha conseguido bajar todo tipo de impuestos, entre los que se encuentran el de Sucesiones y Donaciones. Se trata de una tasa que únicamente afectaba a uno de cada cien herederos, aquellos con mayor nivel de renta (solo se pagaba a partir de un millón de euros). Era la medida estrella de las tres derechas.
Con el recorte aprobado, el Gobierno se ve obligado ahora a ejecutar recortes para estabilizar las cuentas. No hay que olvidar que el dinero que dejará de percibir la Administración andaluza se corresponde, por ejemplo, con el sueldo de 2.000 profesores o enfermeros.
El primer sector afectado será, al parecer, el de la Sanidad Pública. La primera medida anunciada por el presidente Juan Manuel Moreno pasa por no volver a contratar a ningún profesional en los próximos seis meses, es decir, que no se cubrirán las vacantes correspondientes a las vacaciones de verano.
Esta es la medida anunciada. Porque detrás hay muchas cosas más. Según denuncia el sindicato CCOO, la dirección del SAS (el Servicio Andaluz de Salud), ha dado la orden de no cubrir ningún tipo de vacante con contratos de larga duración, en las categorías de auxiliar administrativo, administrativo, celador o técnico especialista de laboratorio, tal y como denuncia el periodista David Bollero en el diario Público.
Con ello, cualquier baja o jubilación dejaría puestos completamente vacíos y a largo plazo, pero hay más. Según el sindicato, el trasfondo pasa por realizar un "estudio de plantilla" con el objetivo de ejecutar una reducción masiva de personal, es decir, un ERE en la Sanidad pública. Eso sí, todo sucedería después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas que se celebran este mes de mayo.
El espejo de Castilla-La Mancha
La ejecución de estos recortes no debería sorprender a nadie. Para ello debemos remitirnos al actual gerente del SAS, Miguel Moreno Verdugo, que ejecutó el mayor recorte histórico que experimentó la sanidad castellanomanchega durante la época de María Dolores de Cospedal.
Entre los años 2011 y 2015, el SESCAM (Servicio de Salud de Castilla-La Mancha) vivió un recorte de presupuesto superior al 10%, lo que supuso el recorte de 3.500 empleos en la legislatura.
Durante la etapa de Cospedal, se cerraron los servicios de emergencias en zonas rurales, un problema en una región con localidades muy distanciadas entre sí. También se desviaron pacientes desde la Sanidad pública hacia clínicas privadas de Madrid, aumentando el coste para unas arcas públicas que entraron en déficit. El caso más escandaloso se vivió con 25 niños de la región, enviados a la clínica La Milagrosa de Madrid para ser operados por fimosis y que han terminado con secuelas permanentes. Y no podemos olvidar la muerte de dos pacientes en el pasillo de las urgencias del hospital de Toledo en 2014, un centro que cerró 165 camas durante la legislatura de Cospedal.
