La mayoría de las comunidades autónomas gobernadas por el PP están boicoteando la entrada a sus propias regiones de ayudas de más de 300 millones de euros para el autoconsumo eléctrico a las que tienen derecho sus ciudadanos y empresas, con el argumento de que el sistema de reparto es demasiado complejo.
Los fondos corresponden con la tercera ampliación del presupuesto de estas ayudas, de 500 millones. Esta es la segunda fase del Plan de Recuperación, conocido como adenda, que la Comisión Europea aprobó a principios de octubre.
Cuáles eran estas comunidades
Desde el sector afirman que de esos 500 millones extra, van a quedar sin asignar más de 300 millones, dinero que se encontraba reservado a comunidades gobernadas por el Partido Popular, pero que no los han solicitado.
La lista de estas comunidades la encabezan Madrid y Andalucía, que optaban a 80 millones cada una. Les siguen Castilla y León, Galicia, Aragón, Extremadura, Canarias, Región de Murcia, Illes Balears, La Rioja y las ciudades de Ceuta y Melilla. Cantabria y Comunitat Valenciana, gobernadas también por el PP, sí han pedido estas ayudas.
Según el comunicado al que ha tenido acceso El Diario, el director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), Joan Groizard, recordó a los responsables de energía de las comunidades que el pasado 15 de noviembre "concluyó el plazo para la solicitud del presupuesto" de estos fondos. Solo "consta la solicitud de ampliación por parte de las comunidades autónomas de Principado de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Foral de Navarra, Comunitat Valenciana y País Vasco", señala.
Teniendo en cuenta esto, "entendemos que el resto de las comunidades autónomas han renunciado a su parte correspondiente de la ampliación". Sin embargo, para "facilitar al máximo la puesta a disposición de los fondos para la ciudadanía y el conjunto del tejido empresarial, si alguna comunidad autónoma que todavía no lo hubiera solicitado quisiera hacerlo, le rogamos que nos lo transmita a través de los cauces habituales antes del 7 de diciembre. La falta de solicitud se entenderá como renuncia", afirma Groizard.
Los fondos fueron aprobados el pasado 23 de noviembre, tras una reunión con las comunidades autónomas realizada el 24 de octubre y a la que asistieron los directores generales de Energía de las regiones. Ya entonces fue cuando algunas comunidades como Andalucía se quejaron de la complejidad de la gestión de estas ayudas, aunque tienen requisitos similares a los de otros programas aprobados por las regiones.
El mismo 15 de noviembre, fecha en la que expiraba el plazo de solicitud para las comunidades autónomas, desde el PP remitieron una carta a IDAE en la que pedían que antes de repartir estos fondos se celebrase "una reunión de trabajo que nos permita a todas las administraciones acometer el compromiso adquirido previamente de buscar una simplificación y reducción de trabas administrativas y burocráticas que permita superar algunas dificultades de las que tanto los beneficiarios de las ayudas como los gestores de la Administración se están encontrando y que conlleva retrasos no deseados en la tramitación y pago".
Entre las ideas aportadas por los populares se encuentran: "criterios más flexibles para que las CCAA puedan destinar los fondos a programas con alta demanda", un sistema "de costes simplificados", "la potenciación de la declaración responsable y la autorización del beneficiario para acceder a sus datos disponibles en la Administración española" o menos carga documental.
Reclamaron de la misma forma la "simplificación de la carga administrativa diseñada por el Gobierno de España derivada del Plan de medidas antifraude para la gestión de los fondos", una exigencia de la UE para evitar problemas de corrupción o conflictos de intereses. También pidieron eliminar "duplicidades" en el sistema que monitoriza el cumplimiento de los hitos del plan de recuperación.
El bloqueo se produce en un contexto en el que, tras el boom de 2022 en cuanto al autoconsumo, la instalación en el segmento doméstico está cayendo en picado por la bajada de precios de la luz, la subida de tipos de interés y la "percepción" de que las ayudas no llegan, por la lentitud en su tramitación. Todo ello sumado a los retrasos en la legalización de las instalaciones, que la OCU relaciona con "trabas de las distribuidoras y de la propia Administración".
Hasta este momento, el Gobierno central ha proporcionado cerca de 2.000 millones de euros en ayudas al autoconsumo, incluyendo 240 millones para almacenamiento y climatización con renovables. En el primer programa se asignaron 1.320 millones. 660 de ellos fueron repartidos en función de la población de cada comunidad autónoma. Una vez repartida esta primera partida, las regiones podían pedir su ampliación hasta duplicar el importe.
Al lanzarse la iniciativa, se preveía la construcción de 1.850 megavatios (MV) de generación renovable, además de la creación de 25.000 empleos. Hasta ahora se han concedido ayudas para construir unos 2.400 MW y hay más de 5.000 MW en evaluación.
