En pleno estallido del 'caso Koldo', el caso que afecta a la mano derecha del exministro José Luis Ábalos, el PSOE anunció su intención de crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar la compra de mascarillas durante la pandemia del coronavirus, incluyendo su propio escándalo como inicio.
Esta comisión se anunció el lunes y registró el martes, por lo que fue propuesta antes de la salida de Ábalos del Grupo Socialista. Sin embargo, a pesar de que el PP ha puesto el foco sobre este asunto, el PP ahora muestra sus reticencias y las presiones llegan especialmente desde Madrid.
El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha cuestionado ahora que la comisión sea legal: "Tengo mis propias dudas jurídicas acerca de que una Cámara, como es el Congreso de los Diputados, pueda investigar cuestiones que afectan a otras administraciones que tienen sus propios controles".
El PSOE ha planteado esta comisión ante la necesidad que aprecia de conocer cómo se licitaron todos los contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia del coronavirus. Cabe destacar que Serrano también ha puesto en duda a los socialistas sobre esta cuestión, al afirmar que el 'caso Koldo' solo representa "el principio de una gran trama que afecta al PSOE".
Por el momento, el PP nacional de Alberto Núñez Feijóo, que ha centrado su labor de oposición en los escándalos vinculados a la compra de material sanitario, no ha mostrado una postura clara sobre si finalmente apoyará esta comisión, sin embargo, no cuenta con el apoyo de una de las principales formaciones de su partido, en Madrid.
De hecho, el portavoz del PP nacional, Borja Sémper, ha puesto también en "duda" la legitimidad de dicha comisión de investigación, que ha calificado de "cortafuegos". Una de las ramas de esta comisión investiga también la compra de material sanitario desde el Govern Balear durante la etapa de Francina Armengol (PSOE), actualmente presidenta del Congreso de los Diputados. En tono similar se ha pronunciado el portavoz popular en la Cámara, Miguel Tellado, que ha centrado "las sospechas en el Ministerio de Transportes".
Compra de material sanitario
La comisión, que cuenta con la negativa del PP de Madrid, surge a raíz de las polémicas por el cobro de una comisión de 234.000 euros a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Entonces la justicia no apreció delito en este caso,
"Que gente se lucrara cuando peor lo pasamos es lamentable", había expresado sobre el 'caso Koldo' el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y mano derecha de Isabel Díaz Ayuso en su gobierno, Miguel Ángel García.
El PP de Madrid ya ha mostrado públicamente su negativa a la presencia de la presidenta regional en esta comisión, como ha manifestado el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache: "Si el PSOE lo que pretende es hacer una comisión para embarrar el terreno de juego, de tal manera que cuando hay una corrupción del PSOE parezca que son todos los políticos los que han hecho las cosas mal, no se lo vamos a aceptar".
El contrato tenía como objetivo el suministro de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 y fue ordenado desde el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS), que derivó en una investigación desde la Fiscalía Anticorrupción que finalmente no apreció delito.
Las facturas fueron emitidas en 2020 por la labor del hermano de la presidenta e incluyen tres para el pago de los importes acordados con la empresa de suministro y una cuarta "por un bonus de aproximadamente el 4% del importe de adjudicación", según señala el escrito de la Fiscalía.
La actual consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ocupaba entonces el cargo como viceconsejera de Asistencia Sanitaria, que desempeñó entre septiembre de 2019 y octubre de 2020. Validó en abril de 2020 el contrato con la empresa Priviet Sportive SL por un valor de 1,5 millones de euros por la compra de mascarillas y, tres años después, fue ascendida a consejera de Asuntos Sociales en el Gobierno regional.
