Los últimos confinamientos han dejado varios criterios judiciales contrapuestos. Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) avala los confinamientos selectivos en barrios como Vallecas o Usera, considera que aplicar esta medida a toda la capital supone una "violación de los derechos fundamentales".
De manera parelalea, su homólogo en Castilla y León, el TSJCyL, ha avalado también las restricciones en las localidades de León, Palencia y San Andrés del Rabanedo.
Con esta decisión, los tribunales adoptan diferentes resoluciones contrapuestas a la hora de actuar frente a las restricciones, aunque a la postre utilizan el mismo criterio: avalar quién es la autoridad competente.
Los jueces solo analizan si la medida se ha tomado desde una autoridad competente: el Gobierno solo puede actuar con estado de alarma
En las redes sociales ha surgido gran incredulidad sobre el criterio que han expresado los jueces. Pero los jueces no entran en el fondo de la cuestión, sino los políticos que están tomando las decisiones. Para comprenderlo, simplemente hay que resumir a qué responde cada resolución judicial.
En el caso de Castilla y León, la Consejería de Sanidad fue quien adoptó las medidas por voluntad propia. La orden llegó desde la propia Verónica Casado, consejera del ramo en la región y de quien dependen todas las órdenes. Por ello, los jueces consideran que ella es quien debe tomar decisiones en este asunto.
En Madrid, los confinamientos selectivos partieron del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. En un país con la Sanidad descentralizada, Escudero representa la máxima autoridad sanitaria en el territorio y cualquier política que quiera desempeñar se superpone a la mayoría de requerimientos del Ministerio, un organismo en la práctica hueco (solo para la compra centralizada de medicamentos) desde que Aznar transfirió el Insalud a las comunidades autónomas.
Cuando el Gobierno central se vio obligado a mover ficha ante la inoperancia del Ejecutivo autonómico y cerró Madrid, el juez tuvo problemas para avalar el gesto. Como bien expuso el TSJM, esta decisión solo se podría haber ordenado expresamente desde la Consejería de Sanidad, algo que no se hizo. La única vía para que el Gobierno adopte esa medida es el estado de alarma.
Eso es lo que ahora maneja Pedro Sánchez: un armazón legal que le permita adoptar las medidas que Madrid necesita en la lucha contra el virus. Algo en lo que la Comunidad de Madrid todavía tiene mucho que decir.
