La investigación abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria contra Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, por un presunto caso de maltrato infantil contra su hija, Alma, está copando la actualidad.
La menor permaneció 16 días ingresada en el Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Su situación fue muy grave, los médicos llegaron a temer por su vida y la mayor parte de su estancia se produjo en la Unidad de Medicina Intensiva.
Los médicos apreciaron varias lesiones en la menor que levantaron todas las alarmas. En el informe se aprecian compatibles con el síndrome del niño zarandeado, algo que llevó a los médicos a activar los protocolos y llevar el caso a un juzgado de guardia. La causa permanece abierta y el magistrado encargado del caso ha pedido las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para esclarecer todo lo ocurrido.
El tribunal mantiene las diligencias contra la pareja y tiene como objetivo ahora esclarecer si las heridas que llevaron a la niña a ser ingresada fueron causadas por sus padres, así como si hubo algún tipo de intencionalidad en lo ocurrido.
Por el momento, la sobrina de Isabel Pantoja no ha detallado todavía qué es lo que llevó a la niña a ser ingresada, puesto que solo ha afirmado que se trató de una crisis puntual. Pero la realidad es que todo el proceso abierto forma parte de los protocolos que se siguen cuando un bebé acude a un hospital con lesiones.
Qué protocolo se ha activado
El magistrado del caso ha seguido todas las indicaciones del Protocolo Común de Actuación Sanitaria frente a la Violencia en la Infancia y la Adolescencia. Así lo ha confirmado Anabel Pantoja en el vídeo que publicó en redes sociales ofreciendo explicaciones. Ninguno ha sido detenido y la pareja está con su hija en casa.
El juzgado encargado de la causa es el primero y único que existe en toda España especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia. Se trata de un proyecto piloto que comenzó a funcionar en 2021 y se dedica exclusivamente a asumir los procesos penales por delitos de violencia en los que las víctimas son niños, niñas o adolescentes entre 0 y 18 años.
En función de la edad del menor, las actuaciones que se adoptan son diferentes, pero siempre están encaminadas a garantizar el bienestar físico, emocional y psicológico de los niños para garantizar el cumplimiento de todos sus derechos.
Cuándo se decide la activación de los protocolos
Los protocolos que hemos mencionado solo se activan cuando un médico sospecha que el menor que llega a urgencias ha podido sufrir algún tipo de violencia, puesto que por ley está obligado a informar sobre todo lo ocurrido.
La Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia determina que el personal médico es responsable de garantizar la seguridad del menor y, por ello, según la gravedad del caso, tiene que actuar de un modo determinado.
Por un lado, en todos los casos en los que un bebé ingresa en estado grave, se habla directamente con el juez y se le manda todo por escrito. El juez determina si es necesaria la intervención de un forense o si tiene que enviar policía a la vivienda.
Si existen dudas sobre el origen de las lesiones o la versión de los padres no coincide con las heridas, se prioriza la seguridad del niño, incluyendo una intervención en domicilio y una notificación judicial cuando se hace una interconsulta al asistente social.
Dependiendo de la gravedad del caso, la última palabra siempre está en manos del juez, que determinará la posible intervención del forense, por ejemplo, para recoger pruebas en casos de violencia sexual o fotos en caso de violencia física, así como cualquier intervención de la policía.
