"Voy a seguir con más fuerza si cabe". Estas han sido las palabras con las que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en el Palacio de La Moncloa para anunciar que continuará con su mandato tras el período de reflexión de cinco días que había abierto en una carta pública el pasado 24 de abril, en la que se planteaba su posible dimisión.
Pedro Sánchez, que ha enmarcado este parón en su agenda en una decisión "personal", publicó la carta después de que la Fiscalía decidiese abrir diligencias contra su esposa, Begoña Gómez, después de que la organización ultraderechista Manos Limpias presentase una querella contra ella.
La querella de Manos Limpias expone que Begoña Gómez, "prevaliéndose" de su matrimonio con Pedro Sánchez, habría avalado con "cartas de recomendación" a empresas que se presentan a licitaciones públicas. Según esta denuncia, se "dispararon las adjudicaciones a empresarios con los que le unía una relación de amistad".
Pero la realidad es que la denuncia presentada simplemente se fundamenta en recortes de prensa de los que el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, reconoce que no tiene constancia de su veracidad: "Serán quienes la publicaron quienes deberán asumir la falsedad", ha admitido el líder de la organización.
¿Qué implica la querella contra Begoña Gómez?
La realidad es que la apertura de diligencias contra la esposa del presidente del Gobierno ha provocado sorpresa. Primero, la doctrina del Supremo establece desde hace más de 20 años que no se puede abrir un procedimiento penal tan solo fundamentándose en recortes de prensa, puesto que es necesario aportar elementos objetivos que realmente consoliden indicios de un delito.
Por otro lado, el sistema judicial cuenta con la doctrina 'notitia criminis' (recogida en la SSTS 1488/2005 de 13-XII y 28-II-2007). Establece que cualquier confidencia que llega a las autoridades no representa una denuncia como tal, pero obliga a activar el artículo 268 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que debería llevar a las autoridades competentes a investigar posibles indicios de delito y, de este modo, elevarlas al órgano competente.
Manos Limpias se ha arrogado este papel, puesto que nadie había observado ningún indicio de criminalidad en las noticias publicadas reiteradamente en diversos medios de comunicación. Esto implicaría un delito de prevaricación generalizado en el Poder Judicial o, por el contrario, que el sindicato de ultraderecha cuyo presidente ha reconocido que las informaciones probablemente fueron falsas presentó una querella sin recorrido.
Pero todo ello se suma a la realidad judicial. El juez del caso Koldo está llevando un procedimiento del que se están extrayendo informaciones desde la denuncia del PP hace dos años y la realidad es que no se ha observado ningún indicio para solicitar la imputación de Begoña Gómez, ni siquiera su citación como testigo, de hecho, el magistrado ya había rechazado abiertamente esta última posibilidad el 18 de abril tras la petición de la organización ultraderechista Liberum.
Renovación del CGPJ y un plan de Regeneración Democrática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta aprobar una renovación del Consejo General del Poder Judicial, un proceso que lleva más de cinco años bloqueado y con los vocales bajo un mandato caducado por el bloqueo que está emprendiendo el Partido Popular.
Ahora, Sánchez ha vuelto a emplazar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a establecer un acuerdo para llevar finalmente a cabo este proceso: "Si el PP continúa en el secuestro del Poder Judicial, la democracia, el Parlamento necesitará articular mecanismos para sacar de esta situación tan lamentable al gobierno de los jueces", ha expresado en una entrevista emitida en Cadena SER.
El líder del Ejecutivo también se encuentra estudiando la elaboración de un plan de regeneración democrática, que incluiría cambios profundos para combatir la 'máquina del fango' a la que ha apelado Pedro Sánchez en su carta, empleando el término de Umberto Eco, sobre las herramientas que buscan extender la mancha sobre todas las capas políticas en un interés por mantener determinadas estructuras de poder.
El plan de Pedro Sánchez cuenta con el apoyo de Sumar, que llama a cambiar la legislación actual para renovar el CGPJ por mayoría absoluta (ahora es necesario tres quintos). Además, se plantean otras fórmulas jurídicas para combatir las denuncias falsas, acusaciones populares utilizadas de forma espuria, contra los bulos y la desinformación.
Se trata de un plan delicado para el Gobierno, en el que no se espera la colaboración de los partidos de la oposición y para el que se establece un desarrollo legislativo a largo plazo para determinar qué medidas pueden ser realmente eficaces en este cometido.
