El mundo se encamina hacia una nueva crisis económica que, nuevamente, puede volver a azotar a España con especial virulencia. Nuestro país, que en plena burbuja del alquiler aún depende en cierta medida del mercado inmobiliario (representa un 4,5% del PIB), tiene una situación especialmente vulnerable para el nuevo ciclo económico recesivo que se avecina.
Estas afirmaciones no son meras conjeturas, ya que los datos lo avalan. El PIB del Atlántico Norte ha iniciado la senda de la desaceleración. Y, a pesar de que España ahora crece a un ritmo notable del 2%, la historia ha demostrado que los ciclos económicos negativos llegan tarde a nuestras fronteras y con mucha más intensidad que en nuestro entorno.
A pesar de ese crecimiento galopante (España ha reducido el paro hasta un 15,5%), nuestra Administración enfrenta una deuda situada alrededor del 100% del PIB, que ha bajado muy poco durante los últimos años. Ese déficit estructural, es decir, un desequilibrio que se mantiene ajeno a la economía, es el mayor síntoma de que el Gobierno nunca actuó positivamente a la hora de que las cuentas cuadrasen: el sistema falla.
Por otro lado, la banca española se encuentra saneada, pero hay incertidumbre en las maniobras desestabilizadoras hacia el BBVA y la venta de Bankia, que el Gobierno ya ha aplazado ante la incertidumbre del mercado.
Hemos hablado de ese déficit público, un síntoma de la debilidad del Estado a la hora de enfrentar una nueva crisis. Pero la situación no ayuda: la falta de aprobación de presupuestos y la posible paralización del Gobierno, amén de un Parlamento fuertemente fragmentado, hacen prever que el déficit aumentará en torno al 2,5%.
Algunas medidas, como la tasa Google y la polémica tasa Tobin, eran una declaración de intenciones en este sentido, aunque la posibilidad de deducirlas a través del impuesto de Sociedades hacen concluir que había mayor interés publicitario que recaudatorio.
Los presupuestos que ha intentado aprobar Sánchez incluían una cierta previsión de la crisis que se avecina, apostando por cierta austeridad y, sobre todo un tinte keynesiano, es decir, una mayor intervención del Estado para estimular el movimiento de dinero, exitoso en la UE y Estados Unidos, aún con el peligro de aumentar aún más la deuda estructural que lastra las cuentas de la Administración.
El problema: un presupuesto demasiado expansivo y unas medidas aprobadas vía decreto ley
La devolución de los presupuestos de Sánchez y la falta de Gobierno obligan a prorrogar las cuentas que elaboró el Gobierno de Mariano Rajoy a principios de 2018 y de manera permanente. Esas cuentas incluyen inversiones millonarias en infraestructuras y algunas medidas que alejan el saneamiento de las cuentas, sobre todo en materia de ingresos a través de las grandes empresas y fortunas (que el PSOE quería solventar).
Pero la excesiva confianza en la salud de la economía que mostró el Ejecutivo del PP no es la única responsable. A ella, se suma la política de Pedro Sánchez que, con gran interés en aplicar medidas sociales de calado, decidió aprobar vía decreto algunos gastos extra como la subida de sueldo de los funcionarios (un 2,5%) o el alza de las pensiones (un 1,6% cuando la hucha se encuentra con peligro de sostenibilidad).
Los factores que contribuyen a una mala perspectiva de la economía
A pesar de que ya hemos comentado muchos datos que influyen en el futuro de las cuentas de nuestro país, cabe realizar una labor de síntesis que permita unir todos los factores que no apuntan, precisamente, a una buena perspectiva.
Primero, volviendo a la piedra angular de los presupuestos, nos encontramos con un aumento del gasto que no incluye un aumento de los ingresos y que suma la fragilidad (si no ausencia de gobierno) que sea eficaz a la hora de actuar con rapidez.
Segundo, hay varios factores vinculados con el PIB de nuestra economía que mantienen una perspectiva controvertida. Entre ellos, la previsible crisis en países de nuestro entorno que reduzca nuestras exportaciones (un magnífico 34% de nuestra riqueza depende de las que realizamos a la UE). Esto se uniría a la llegada del turismo, procedente principalmente de la UE y Estados Unidos, que añade un 14,9%. También hay interés en la burbuja del alquiler, que necesita medidas para desinflarse si queremos evitar un nuevo pinchazo (el mercado inmobiliario representa un 4,5% del PIB, aunque lejos del 40% que se alcanzó en 2008).
Por último, nos encontramos con que las sucesivas caídas del consumo y los fuertes cambios en nuestros hábitos han dañado algunas empresas de calado, con el ejemplo más inmediato de los supermercados DIA, que ha anunciado un ERE que afecta a más de 2.000 trabajadores o Vodafone, con una reducción de plantilla del 22%.
Estos factores también incluyen algunas circunstancias que no podemos controlar. Una de ellas, por ejemplo, es el cambio climático, que afecta fuertemente al sector textil, con un 2,9% del PIB y miles de empleos directos. También, por cierto, a la producción de energía (las renovables, en especial la eólica y la hidráulica se ven afectadas y con ello, nuevamente el PIB y el desempleo). La crisis en el extranjero también afecta al turismo y la previsible estabilidad en algunos países del norte de África hacen menos competitiva a España como destino vacacional.
La perspectivas no parece especialmente halagüeñas, aunque tendría solución si hay gobierno y si se adoptan medidas de choque antes de que la crisis alcance nuestras fronteras. Sería imprescindible, sin duda, para mantener todo lo alcanzado durante la última era de expansión.
