La llegada de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid ha supuesto el retorno del aguirrismo y el dogma economómico liberal más puro, encarnado en su consejero de Hacienda Javier Fernández Lasquetty.
La nueva lideresa ha prometido una amplia bajada de impuestos en la región que, a todas luces, contará con el apoyo de sus socios de gobierno, Ciudadanos y sus compañeros de viaje en la Asamblea regional, VOX.
Esa bajada de tipos impositivos que promete Ayuso supone una situación completamente llamativa. Sobre todo, porque la reducción se produce en una región en la que, por ejemplo, existe la menor tasa de IRPF de toda España y, por ejemplo, bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio, el que pagan los que ganan más de 700.000 euros años (en Madrid, los ricos tributan cero euros frente a los 1.164 de Aragón o 1.099 de Extremadura).
La fiscalidad de Madrid tras 24 años de gobiernos populares ininterrumpidos le ha llevado a colgarse el 'sambenito' o la 'medalla' (según se mire) de erigirse como el paraíso fiscal de España. Un papel que, sin duda, ha generado muchas rencillas con el resto de autonomías, incluidas las dirigidas por el PP, por la supuesta competencia desleal que ello comporta. El último barón, en este caso socialista, en criticar esta política ha sido el presidente de Asturias, Adrián Barbón, que ha acusado al gobierno madrileño de ejecutar un 'dumping fiscal' y ha pedido "apostar por los servicios públicos de calidad, que no los tienen".
El PP defiende el modelo en virtud de que el crecimiento de la región supera en más de un punto a la media nacional, con una riqueza per cápita de casi 35.000 euros y con una tasa de paro 3,5 puntos por debajo de la española. Quizás, también obvia que la Comunidad de Madrid, al ostentar la capitalidad y una de las ciudades globales, tiene todos los vientos a su favor.
Pero, a pesar de todo, hay una cara B: la bajada constante de impuestos está llevando a que la caja regional no cuadre. Y los planes expansionistas del nuevo gobierno pueden amenazar el futuro de las finanzas del gobierno autonómico, que actualmente incumple la ley de estabilidad financiera.
Una deuda de 33.000 millones de euros
El principal problema de la Comunidad de Madrid es la deuda que atesora en la actualidad: 33.000 millones de euros. Hablamos de un total de 5.293 euros por cada habitante de la región y un 'debe' con el Estado de 1.438 millones.
El dato parece preocupar menos si consideramos que esa deuda se fija en un (sí, destacable) 15,20% del PIB, aunque muy baja en comparación a España, que en su conjunto debe el 97,1%. Además, es cierto que actualmente Madrid tiene una de las deudas más bajas en comparación con su nivel de renta. Pero el problema no está ahí: se encuentra en la tendencia.
La llegada de Esperanza Aguirre supuso un ahondamiento en las políticas liberales y en la bajada más agresiva de impuestos. Desde entonces el desfase ha crecido hasta que esa deuda ha llegado a triplicarse en los últimos diez años. Y no podemos olvidar que la última legislatura de Cristina Cifuentes ha tenido los presupuestos más expansivos de la historia de la Comunidad de Madrid, aumentando gastos y sin tocar los ingresos.
Ante toda esta situación, el nuevo gobierno de Ayuso no ha planteado ninguna medida concreta para atajar esa deuda. ¿Qué es lo que no cuadra?
La justificación: la curva de Laffer
El PP justifica toda su política tributaria a la manida curva de Laffer. Según esta teoría, sobre la que no existe consenso en el mundo de la economía, las administraciones con impuestos más bajos recaudan más dinero porque dinamizan su economía y permiten generar mayor movimiento de dinero.
Sin embargo, el hecho de convertir a Madrid en la única región española que tributa al 0% el impuesto de patrimonio no permite realizar la distribución de riqueza fundamental que se ejerce en el resto de comunidades de España sin excepción.
El gobierno de Ayuso se lo juega todo a seguir bajando impuestos, a pesar de que esa política ya ha llevado a triplicar la deuda de la región en solo 10 años. Además, quiere utilizar la caja regional para abrir un nuevo hospital en la sierra norte, ampliar la línea 11 de Metro, contratar a más maquinistas, abrir el suburbano las 24 horas durante los fines de semana, regalar el abono transportes a jubilados, mejorar las frecuencias en interurbanos, elaborar un plan de choque para las listas de espera o incluir la atención en salud mental dentro de los centros de salud. Y la pregunta llega ahora: ¿El dinero saldrá bajando impuestos?
Madrid no necesita competir en tributación, ya que ostenta un polo atractivo y diferencial respecto al resto de España: la capitalidad. La larga lista de instituciones situadas en la región, así como de administraciones y tejido, permite que se instalen rentas por encima de la media, lo que debería ser un aliciente para intentar aumentar la recaudación con ciertos tributos destinados a las rentas más altas, con control (claro está) para retenerlas.
La principal vía de recorte: el gasto social
Si la deuda continúa aumentando al nivel en el que lo hace actualmente y se siguen bajando impuestos, ¿cómo se cuadrarán las cuentas? Parece evidente que llegará un punto en el que será necesario ejecutar recortes.
El caso de las cuentas en las comunidades autónomas es especialmente sensible, ya que alrededor del 70% del gasto que ejecutan estas administraciones está relacionado con fines sociales. Y no podemos olvidar que se acerca una nueva crisis que, según todos los expertos, hará mella a partir del año 2022.
No hay que olvidar que, a pesar de las grandes fortunas que viven en la región, Madrid sufre un grave problema de desigualdad que se palpa con un simple paseo por la región. La diferencia entre los municipios del norte y el oeste respecto al sur y el este es especialmente alta. Lo mismo sucede dentro de la capital, donde nuevamente el sur y el este han sufrido años de abandono por parte de los sucesivos consistorios. A pesar de todo y valga como ejemplo, los madrileños pagan los mismos importes en transporte público independientemente de si se están beneficiando de esa suspensión del impuesto para ricos o tienen serios problemas para pagar el alquiler de una casa que sufre en sus carnes la burbuja del sector.
Quizás, la región necesite un plan de choque frente a la desigualdad que también se podría materializar en la política tributaria, volviendo al origen del sistema que ha regido en nuestro país durante el último período democrático: que cada ciudadano pueda aportar a la caja común, realmente, en función de sus posibilidades.
El caso del mandato de Carmena
Durante el mandato de Manuela Carmena al frente del Ayuntamiento de Madrid, el entonces concejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato pactó una serie de reformas tributarias que llevó a reducir la deuda aumentando a su vez el gasto social.
Para ello, el Consistorio redujo en 2015 el IBI (que supone casi un tercio de los ingresos municipales) en un 7% obligado por el PSOE. Eso sí, tan solo lo hizo para los inmuebles de carácter residencial, lo que implicó una reducción para los habitantes de la capital.
Sin embargo, esa bajada se complementó con una subida en los impuestos correspondientes a inmuebles de uso no residencial con mayor valor catastral. Es decir: los hoteles, comercios, oficinas y hasta estadios situados en las mejores zonas de la capital y que, por tanto, tienen mayor posibilidad de afrontar el pago de impuestos.
Con ello, el gasto social del Ayuntamiento aumentó un total de 123 millones de euros y las inversiones crecieron en 120 millones de eruos. Subieron un 22% las ayudas de emergencia e inclusión social, un 2177% las ayudas en cooperación internacional, un 20% la partida de derechos sociales y empleo, un 2% el gasto en personal, un 12% la de mayores y un 581% los planes de barrio, según publicaba entonces el diario El País.
Al final de ese mandato, el Ayuntamiento de Madrid vio cómo su deuda se reducía en un 54%, aunque tuvo problemas para ejecutar gran parte de las inversiones ante las amenazas de Montoro y la ley de estabilidad presupuestaria que, finalmente, se llevó por delante al concejal de Hacienda que elaboró los presupuestos.
¿Necesita Madrid una subida de impuestos para las rentas más altas? ¿Es factible seguir bajando impuestos en la región y, a la vez, crear presupuestos expansivos cada ejercicio? Los datos, al menos, ponen en cuestión esta realidad.
