El Parlamento polaco se prepara para aprobar una ley que pondrá un límite de 30 años a los procesos legales sobre propiedades confiscada, algo que implica prohibir de manera velada miles de reclamaciones efectuadas por afectados.
El Gobierno de Polonia afirma que la nueva regulación pretende prevenir el fraude y las irregularidades. Además, asegura que no se hace cargo del holocausto, "una atrocidad realizada por los alemanes", señalan. Pero otros países, como Reino Unido, Israel o Estados Unidos han criticado duramente la decisión.
El país lleva una serie de polémicas en relación a su pasado. Hace tres años, convirtió en delito penal acusar a Polonia de complicidad con los crímenes de guerra con los nazis, castigado con hasta tres años de prisión. La noticia despertó gran indignación a nivel internacional, especialmente en Estados Unidos e Israel, momento en que retrocedieron y pasaron el delito al ámbito civil.
Casi un 90% de muertos
Antes de la II Guerra Mundial, más de 3 millones de judíos vivían en Polonia, conformando la comunidad más grande de Europa. Casi el 90% de ellos murieron en el holocausto, gran parte en los campos de exterminio del régimen nazi. La población judía ahora solo se sitúa en 10.000 personas.
La embajada polaca en Londres se escuda en que la norma "no discrimina a ninguna persona o grupo particular ni pretende contrariar a ninguna parte, incluyendo Israel o la diáspora judía". Y afirma que Polonia otorga "gran importancia" al genocidio de los "ocupantes alemanes".
