Durante el estado de alarma declarado por el Gobierno en los peores meses de la pandemia del coronavirus hubo algunas personas que se saltaron las restricciones celebrando fiestas en las que no se respetaba el toque de queda, la distancia de seguridad, ni la limitación de personas ni estas llevaban mascarilla. Sin embargo, la actuación de la policía para impedirlas hizo estallar el debate que ha acabado con varios agentes imputados.
Algunos de los asistentes a estas fiestas grabaron con sus móviles cómo agentes de la policía entraban a la fuerza en sus domicilios o pisos turísticos. Las imágenes no tardaron en viralizarse y muchos denunciaron que se trataba de un abuso. Incluso varios abogados penalistas y expertos jurídicos consideraron "desproporcionada" esta actuación.
Aquella polémica actuación se ha saldado por el momento, con 18 agentes investigados por allanamiento de morada que están citados a declarar en septiembre y octubre. Dos juzgados de Madrid investigan sendas intervenciones policiales en viviendas de la capital a las que los imputados habrían accedido presuntamente sin consentimiento del titular, sin la autorización de un juez y sin tener constancia de la existencia de un "flagrante delito", supuestos en los que, según el artículo 18.2 de la Constitución, se puede romper la inviolabilidad de un domicilio.
Lo cierto es que la celebración de una fiesta en una vivienda, aunque no se estuvieran cumpliendo las medidas de seguridad impuestas, no es en sí delictiva y no justificaría una intervención policial sin autorización judicial. En todo caso, podría derivar en una sanción a través de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza.
Para justificar su intervención, en ambos casos los agentes señalaron que los asistentes que estaban en el interior de las viviendas se negaron a identificarse. Pero esta negativa tampoco se considera un delito de desobediencia, sino una infracción administrativa regulada en el artículo 36.6 de la ley anteriormente citada.
El policía le dice que su número de identificación es 9666 ???? ¿Trabajará para el Demonio? ????Posiblemente.
— Madibooo #MiVidaMiOxigeno (@madibooo) March 26, 2021
Es increíble a donde hemos llegado. ¡Vivimos en un Estado Policial!
¡Ésto es terrible! Ya no tenemos derechos, ni libertad y todo bajo la excusa de una pandemia de mentira. pic.twitter.com/ucU9AKbpvg
En Villaverde y en el barrio de Salamanca
En ambos procedimientos se han producido denuncias cruzadas entre los agentes de policía y los ocupantes de las viviendas. Sin embargo, solo en uno de ellos ha prosperado contra los vecinos. Se trata de la intervención que tuvo lugar en la madrugada del 9 de diciembre de 2020 en un piso del distrito de Villaverde de la capital. Por esta causa están siendo investigados 12 policías que acudieron tras la llamada de una vecina que indicó que se estaba produciendo una "fuerte reyerta" y que podía oír los "fuertes gritos de una mujer" y a "un niño pequeño llorando".
Cuando los agentes llegaron, los ocupantes del piso se negaron a abrir la puerta y los agentes abrieron por la fuerza llegando a utilizar spray pimienta. Según su atestado, porque los de la fiesta presuntamente habrían pillado la pierna a un agente con la puerta. Finalmente entraron ante la posibilidad de que se estuviesen produciendo un "hecho violento". Por su parte, en su denuncia, los ocupantes afirman que su actuación se redujo a la de "unos jóvenes haciendo ruido en una casa, nada más" y acusan a la policía de "inflar artificialmente la infracción supuestamente cometida".
El otro caso tuvo lugar en el mes de marzo de 2021 en un piso del barrio de Salamanca. En esta ocasión se hizo viral un vídeo en el que se puede ver a los policías derribando la puerta por la fuerza con ariete. En esta ocasión son seis los agentes investigados que han sido citados a declarar.
Los policías justificaron su intervención en que los jóvenes "estaban cometiendo un delito flagrante de desobediencia" al negarse a ser identificados. Tras acceder a la vivienda, las 15 personas que estaban en el interior fueron identificadas y nueve de ellas fueron detenidas por un delito de desobediencia grave a la autoridad. Pero esa denuncia no prosperó.
