La Dirección General de Policía (DGP) firma un contrato con la Universidad Católica de Ávila para la formación de los nuevos inspectores de policía, rompiendo así un contrato de 28 años de antigüedad con la Universidad de Salamanca.
El motivo que han alegado desde la DGP es que "es la oferta más barata", pues la Universidad de Ávila rebaja, supuestamente, casi a la mitad el coste del servicio, de 200.000 a 100.000, pero ¿realmente es la opción más barata? Evidentemente, desde un punto de vista económico sí, pero desde un punto de vista moral no tanto, puesto que lo que se está poniendo en juego es la educación de los futuros responsables de la seguridad de la sociedad. Y es que al final, lo barato sale caro.
"Nunca serán lo mismo el aborto, la eutanasia o la llamada Ley mordaza explicados por un catedrático de una universidad pública que por uno de una católica y privada, en la que manda el obispo", sentencia uno de los profesores de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (USAL) en el diario El País. Si España es un Estado aconfesional, no deberíamos permitir que la formación de un cuerpo público recaiga en una institución cuyos valores pueden influir a la hora de juzgar un delito u otro.
Y no solo estamos hablando de valores religiosos. Se está rechanzando la continuación de un contrato de más de 28 años de antigüedad con una de las universidades más prestigiosas de España. El rector de la USAL, Daniel Hernández Ruipérez, declara que "se han primado los criterios económicos sobre el prestigio académico y una colaboración de décadas". Así mismo, ha confirmado que ninguno de los 19 profesoes de su universidad impartirá clases este año al cuerpo de inspectores.
El Ministerio del Interior permanece al margen del conflicto
El Ministerio del Interior ha querido permanecer al margen del conflicto. El ministro en funciones, Jorge Fernández Díaz, se ha referido al asunto como "decisión delagada" en la Dirección General de Policía. Esta "decisión delegada" habría estado en manos de una mesa de contratación responsable de elegir a la universidad idónea, donde de un total de 100 puntos, 65 se le dan a la universidad más económica.
Históricamente había un convenio de colaboración entre la Universidad de Salamanaca y la Academia de Policías, pero la Ley de Contratos acabó con este, teniendo que sacar el servicio a concurso. Hasta la fecha Salamanca había ganado sin competencia, pero este año se presentaban Sevilla y Ávila. "Tienen las mismas condiciones técnicas, pero ante un máximo de 100 euros la hora, Salamanca ofreció 98, Sevilla 95 y Ávila 80", continúa Fernández Díaz.
El obispo no ha querido pronunciarse ante la polémica, su único comentario ha sido que: "Lo más oportuno es que se dirijan a la Escula de Policía", mientras que la Universidad Católica de Ávila no han querido hacer declaraciones.
La Universidad de Salamanca no se rinde y el decano de la Facultad de Derecho, Ricardo Rivero, afirma que están preparando un recurso "por falta de solvencia técnica". Por su parte, la DGP contesta que lo estudiarán con rigor.
