Un informe del Grupo Técnico Operativo de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia ha constatado que no se produjo ni estaba previsto ningún borrado de correos electrónicos relativos a la investigación sobre posibles abusos a una menor tutelada por la Generalitat del exmarido de Mónica Oltra, ni por parte de la exvicepresidenta del Consell ni por parte de su equipo.
La Policía Judicial ha hallado nueve correos, todos ellos a partir del 8 de agosto de 2017, cuando el departamento de Oltra abrió un expediente tras conocerse que se había iniciado una investigación judicial. Oltra declaró que ella se enteró del asunto el 4 de agosto, cuando llegó al domicilio que aún compartía con su expareja una citación judicial para que él fuera a declarar al juzgado.
Los correos electrónicos relacionados con la causa pertenecen uno a Miquel Real, exjefe de gabinete, y ocho del entonces asesor Enric Juan. En ellos no se hace ninguna referencia a la exvicepresidenta ni al implicado en los hechos, sino únicamente tratan de la menor.
No aparece ningún correo intercambiado con la entonces Consellera de Igualdad, lo cual confirma la versión que dio Oltra ante el juez de que delegó en su equipo las gestiones para indagar los hechos, sin intención alguna de taparlos.
El juez instructor de la causa, no obstante, mantiene que se trataba de una investigación paralela por parte de la Conselleria de Igualdad para desacreditar la versión de la menor y que, en ningún caso, el departamento autonómico debió de haber actuado en paralelo a las diligencias del Ministro Público.
Monica Oltra dimitió como vicepresidenta y consellera de Igualdad de la Generalitat Valenciana el 21 de junio del 2022, tras su imputación por parte de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).
Bloqueo de cuentas
El informe ha sido encargado por el juez instructor en el marco de una pieza separada del caso y su contenido desmonta la versión de la acusación popular, ejercida por la agitadora ultra Cristina Seguí, de que por parte de la exvicepresidenta del Gobierno valenciano se hubieran eliminado correos electrónicos.
El juez también aclara el bulo difundido por Seguí, una de las fundadoras de VOX, asegurando que se produjo un malentendido con el dominio de correo analizado pues la acusación alertaba que se había ordenado el bloqueo de cuentas. En realidad se trata de un dominio (@cv.gva.es) creado hace muchos años para proveer de cuentas de correo electrónico a la ciudadanía, que está en desuso y que no empleó nunca el personal del Consell.
