Las imágenes de la Policía entrando a un domicilio a la fuerza en el que se celebraba una fiesta ilegal tras la negativa de la inquilina, han abierto un debate moral y jurídico en nuestro país. Los agentes alegan que entraron sin una orden judicial porque estaban amparados por la Ley de Seguridad Ciudadana (la Ley Mordaza) y una orden emitida días antes por el Ministerio del Interior para aplicar las medidas acordadas por Sanidad y las comunidades para frenar la Covid-19, según ha informado El País.
Varios abogados penalistas y expertos jurídicos, por el contrario, han considerado que esta actuación es "desproporcionada". La polémica intervención de la Policía tuvo lugar en la calle Lagasca en Madrid, cuando seis agentes acudieron a un domicilio en el que se estaba celebrando una fiesta ilegal alertados por un vecino.
Una de las inquilinas se niega a abrir la puerta hasta que los agentes no tengan una orden judicial, y los policías entonces derriban la puerta con un ariete. Las 14 personas que estaban dentro de la casa fueron propuestas para sanción por incumplir las medidas sanitarias contra la pandemia. Nueve de ellas fueron detenidas por desobediencia grave.
El policía le dice que su número de identificación es 9666 ???? ¿Trabajará para el Demonio? ????Posiblemente.
Es increíble a donde hemos llegado. ¡Vivimos en un Estado Policial!
¡Ésto es terrible! Ya no tenemos derechos, ni libertad y todo bajo la excusa de una pandemia de mentira. pic.twitter.com/ucU9AKbpvg— Madibooo (@madibooo) March 26, 2021
¿Cómo lo justifican los agentes?
La Policía asegura que su actuación estuvo amparada por varios motivos. Tanto los artículos 9.13 y 16.1 de la Ley Mordaza autoriza a los agentes a identificar a las personas cuando existan indicios de que han cometido una infracción y obliga a que se identifiquen ante el agente.
El artículo 16.5 de la misma ley recoge que, si la persona no se identifica, incurriría en un delito de "desobediencia grave" y podría ser detenida. Los agentes aseguran que en este caso, el delito de desobediencia, porque los inquilinos se negaron a abrir e identificarse, se estaba cometiendo de manera "flagrante" y que por ello, de acuerdo con el artículo 18 de la Constitución y el 533 de la Ley de Enjuiciamento Criminal, entraron en el piso.
Además, en los atestados insisten en que los agentes no solicitaron la orden judicial de entrada por "la necesidad urgente de intervenir para detener a los autores e impedir la propagación del mal que la infracción penal acarrea, concretamente proteger el derecho al descanso y tranquilidad de los vecinos, así como, sobre todo y especialmente, proteger la salud pública".
La Policía contaba con un documento interno que avala la actuación de los agentes. La Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, encabezada por el comisario José Ángel González, remitió un oficio el 16 de marzo en el que se "impartían órdenes" para "contribuir al control del cumplimiento de las medidas obligatorias y recomendaciones acordadas por el Pleno de Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud" entre las que están "la limitación de permanencia de grupos de personas y reuniones en domicilios, excepto convivientes". Así, se legitiman "los dispositivos operativos necesarios para asegurar el cumplimiento" de estas medidas y recomendaciones.
Una cuestión de proporcionalidad
Varios abogados y juristas han criticado la actuación policial al considerarla desproporcional. El abogado penalista José María de Pablo ha explicado en su cuenta de Twitter que "no abrir la puerta al policía que carece de orden judicial es ejercer un derecho, no es desobediencia, ni grave ni leve". Además, pone como ejemplo de actuación proporcionada el caso de la Policía Local de Tauste, que estuvo esperando seis horas fuera de un local para multar a 16 peñistas que celebraban una fiesta ilegal.
Los expertos recuerdan que la inviolabilidad del domicilio es un derecho constitucional y que el uso de un ariete para tirar la puerta abajo y entrar en el piso de una fiesta es desproporcional porque no supuso una acción de urgente necesidad y proporcionada a la gravedad de los hechos.
