La Policía Foral de Navarra ha advertido a todos los usuarios de la "difusión masiva" de fotogramas de los vídeos de la presunta violación de La Manada durante los Sanfermines.
El cuerpo de seguridad está estudiando la filtración de estos materiales y considera que han sido sustraídos del sumario del caso, que permanece bajo secreto. Los primeros indicios apuntan a que alguno de los asistentes a la última vista oral pública aprovechó para capturar las imágenes que ahora circulan por las redes.
Desde la Policía Foral se ha recordado, en un mensaje de Twitter, que la mera difusión de los fotogramas puede acarrear consecuencias penales a tenor del artículo 197.7 del Código Penal. El delito incluye un mero retuit y supone infringir el derecho a la intimidad.
Asistimos a la difusión masiva de fotogramas sb presunta agresión sexual #LaManada. Se recuerda a sus autores y RT que adquieren responsabilidad penal por delito contra la intimidad (art.197.7 CP).
— Policía Foral (@policiaforal_na) 7 de diciembre de 2017
Mientras tanto, la Justicia continúa investigando qué ha podido fallar para que unas imágenes tan sensibles hayan visto la luz. No hay que olvidar que la víctima padece estrés postraumático y que las consecuencias psicológicas de la presunta violación pueden ser permanentes. La difusión de las imágenes, con las dificultades de borrado que implican, podrían ser un daño especialmente grave para la mujer que ahora se sienta en el lado de la acusación.
Los fotogramas se corresponden con los vídeos que grabaron los cinco acusados durante la presunta agresión sexual. Uno de ellos, el Guardia Civil Antonio Manuel Guerrero, llegó a presentar su móvil con las grabaciones durante su detención. A diferencia de lo que pensó en un primer momento, los vídeos están siendo claves para la estrategia de la acusación.
En ellos y según el sumario, la joven aparece en una actitud poco participativa mientras que los autores de la presunta agresión exhiben todo tipo de mofas y vejaciones. La joven llegó a decir que estaba en estado de shock y que no actuó para evitar mayores daños y que "todo terminara pronto".
Los acusados enfrentan penas de hasta 25 años
Por todos estos hechos, la Fiscalía ha solicitado una pena de 22 años y 10 meses de prisión para cada uno; así como el pago de 100.000 euros de indemnización para la víctima por daños morales.
Para el Ministerio Fiscal, la agresión sexual no tiene debate y muestra en su informe de conclusiones que los hechos "se produjeron sin consentimiento y bajo violencia e intimidación". A cuenta del vídeo, del relato de la víctima, de las personas que la socorrieron y de los Policías que le animaron a denunciar; la Fiscalía afirma tajantemente: "las pruebas son contundentes".
Los abogados de cuatro de los encausados piden la libre absolución, mientras que uno de ellos anunció que pedirá la nulidad del proceso por conculcación de derechos fundamentales.
Sin embargo, junto a la petición de la Fiscalía, se suman la de la acusación particular (24 años de prisión y 250.000 euros de indemnización), la del Ayuntamiento de Pamplona (25 años y seis meses de prisión por delitos continuados de agresión sexual, contra la intimidad y robo con violencia) y la acusación del Gobierno de Navarra (25 años y seis meses de prisión). El juicio está visto para sentencia y parece bastante improbable que los acusados queden finalmente absueltos.
