Evitan la cárcel. Esa ha sido la polémica resolución de la justifica en Murcia contra seis empresarios acusados de haber participado en una red de prostitución de menores, que tan solo tendrán que pagar indemnizaciones de 500 a 2.000 euros a sus víctimas y multas entre 450 y 720 euros.
Lejos quedan las iniciales peticiones de prisión, que abarcaban desde 24 a 56 años de pena máxima por los delitos. La sentencia finalmente ha establecido condenas entre cinco meses y dos años por cada uno de los delitos, de modo que eluden la prisión porque no tienen antecedentes penales.
Entre los argumentos esgrimidos para una rebaja tan significativa de las penas se encuentra el atenuante de dilaciones indebidas. Se trata de una reducción de pena porque la administración de justicia no ha sido capaz de celebrar la vista del caso en menos de una década. Los acusados finalmente han logrado un acuerdo de conformidad que además rebaja sus penas y evita la celebración del juicio a cambio de reconocer los hechos.
La duda se cierne ahora en el horizonte de los condenados. Los que tienen penas de prisión de 5 meses para cada una de sus víctimas ya tienen completamente garantizado que están exentos de entrar en prisión. Sin embargo, se mantiene la duda sobre las penas de 2 años, cuya defensa intenta ahora la suspensión de las penas, pero queda a la espera de la decisión de la Sala.
Menores de edad
Los investigados eran completamente conscientes de que las víctimas eran menores de edad, con edades entre 14 y 17 años, según el escrito de la acusación. El caso, que fue destapado en 2014, ha tenido que esperar una década para el inicio del juicio.
El caso afecta a empresarios muy importantes en la Región de Murcia, como J. C., promotor de viviendas y exvicepresidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Cartagena, cargo que abandonó en 2014 con el estallido del caso.
Además, se incluye a los miembros de un conocido bufete de abogados, que pedían que la trama le trajera directamente a las niñas a sus despachos para cometer los crímenes.
Los acusados eran completamente conscientes de contratar a niñas menores de edad, que además pedían a propósito. Los proxenetas habían creado una auténtica red de explotación sexual donde exigían a las menores fotografías que incluían en un catálogo.
En total llegaron a registrarse más de 400 personas, entre las que había doce niñas que después fueron liberadas. El escrito de acusación indica que las menores eran captadas a las puertas de discotecas de menores e incluso colegios, buscando niñas de familias desestructuradas y en situaciones de vulnerabilidad.
La Fiscalía señala que uno de los acusados, apodado 'El Petrolero', pedía siempre "chicas jóvenes y nuevas para tener relaciones sexuales con ellas". El Ministerio Fiscal relata como a una de las víctimas se le obligaba a mentir con su edad: "Decir que era menor aún de lo que era, es decir, manifestar que tenía 15 ó 16 años, ya que a los clientes esto le daba más morbo".
El documento indica que la red engañaba a las jóvenes prometiendo grandes ingresos trabajando como masajista, para introducirlas en el mundo de la prostitución. Los proxenetas recibían una determinada cantidad de dinero, pero las víctimas solo tenían acceso a poco más que una tercera parte.
La red también contaba con la implicación de un alojamiento, un hostal, que cedía habitaciones para ejercer la explotación infantil a cambio de tener acceso a parte de la recaudación. También se detuvo a cuatro taxistas furtivos que trasladaban a las menores entre pisos particulares y pensiones.
