Parece que la nueva ley del aborto será aprobada en un futuro muy cercano, aunque el documento aun debe ser ratificado por el pleno del máximo gobierno de los jueces. Esta pretende otorgar el derecho al aborto en la sanidad pública así como otros sexuales y reproductivos de la mujer.
Además, recoge también la posibilidad de que aquellas mujeres con cuadros de menstruaciones incapacitantes, es decir, con periodos con dolores graves, tengan la posibilidad de quedarse en casa o de flexibilizar su jornada laboral durante tres días.
Ante esto, el Poder Judicial advierte en su informe crítico contra la ley que esta norma sobre la menstruación es un "privilegio" injustificado que, además, puede provocar una estigmatización de las mujeres en el mundo laboral.
Alegaciones con seis meses de retraso
El pasado 29 de agosto, Irene Montero, explicó que había enviado el proyecto de ley al Parlamento sin tener aun el informe preceptivo alegando que los vocales del CGPJ "no han hecho su trabajo".
La ministra de Igualdad había pedido que se tramitara el informe de forma urgente, solicitud que le otorga al consejo un plazo de 15 días prorrogables para emitir el documento. Sin embargo, pese a esta imposición legal de urgencia, el Poder Judicial sigue seis meses más tarde sin enviar sus correspondientes alegaciones.
Así pues, hasta el próximo 22 de diciembre no se prevee que tengan repercusión las objeciones respecto al contenido de la nueva ley de salud sexual y reproductiva. Además, esto se ha visto influenciado porque la fecha coincide con el sorteo de la Lotería Nacional.
En la fecha mencionada, el pleno del CGPJ pondrá sobre la mesa su opinión sobre la ley. Pese a que mantendrá firme su negativa contra la baja por menstruación y también contra la supresión de periodo obligado de reflexión de tres días uqe existe hoy para quien decide abortar, el consejo no pondrá objeción legal a que las chicas de 16 y 17 años puedan interrumpir voluntariamente su embarazo sin autorización previa de sus padres.
Asimismo, también apoyarán la medida de que aquellos médicos que no quieran realizar abortos deban inscribirse previa y explícitamente en un registro oficial que les incapacite llevar a cabo estas intervenciones, ya sea en centros públicos o privados.
