La relación de Podemos con la jerarquía católica está en sus hora más bajas. Después de su fallido intento para que TVE dejase de emitir la Misa de La 2 los domingos, lo que terminó en un gran aumento de su audiencia llegando a triplicarla; la formación morada vuelve a la carga: quiere que la Iglesia devuelva al Estado alguno de sus bienes inmatriculados, como por ejemplo, la Mezquita de Córdoba -que la Iglesia se apropió por 30 euros en 2006-.
Todo ello, viene como consecuencia de la ley que el gobierno de José María Aznar aprobó en 1998, en la que se permitía a la confesión católica -y solo a ella- inscribir como propios aquellos lugares de culto o inmuebles que no contasen con un dueño registrado oficialmente. Gracias a ello, la jerarquía se apropió de, al menos, 4.500 inmuebles, templos, fincas, ermitas, casas parroquiales o cementerios. Algunos de ellos, fueron posteriormente vendidos, gracias a lo que obtuvieron ingentes beneficios.
Eso sí, las inmatriculaciones no tienen la obligación de ser públicas. Por ello, los cordobeses se enteraron en 2011 de que su mezquita pertenecía a la Iglesia desde hacía dos años, o los malagueños han conocido recientemente que su catedral es propiedad eclesiástica desde hacía cinco.
Los argumentos de Podemos
Ahora, Podemos presenta una proposición no de ley para que se cambie la ley y aseguran que "para aprovechar esta nueva norma, la jerarquía católica resucitó el uso de dos normas franquistas e inconstitucionales, aprobadas en 1946 y 1947: los artítuclos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del Reglamento Hipotecario", tal y como aparece reflejado en un documento firmado por la portavoz Irene Montero y el diputado Eduardo Maura.
El grupo explica que es "inconstitucional" que una Administración Pública "otorgue el privilegio de acceder al registro de la propiedad sin aportar título", así como que se iguale a diocesanos con notarios "de forma que un obispo puede certificarse a sí mismo que es el propietario de un inmueble atendiendo a lo que él mismo argumente", y consideran que por todo ello se deberían de derogar atendiendo a la Constitución de 1978.
Por ello, Unidos Podemos pide a los ayuntamientos y autonomías que elaboren un inventario de todos los inmuebles registrados siguiendo estos preceptos con el fin de "recuperar y promover el patrimonio público perdido", así como "expropiar estos edificios religiosos a la Iglesia".
Los argumentos de la Iglesia
La web Portantos, que hace campaña para que los contribuyentes marquen la casilla de la Iglesia en la declaración de la Renta, afirma que la aprobación de las inmatriculaciones llegó como un mero trámite "práctico y burocrático" para no "colapsar la Administración". Afirman desde la web que "en el caso de los edificios religiosos, la evidencia es que pertenecían y pertenecen al pueblo cristiano en su conjunto, el de ayer y el de hoy y que también pertenecerán a los cristianos del mañana".
Y se reafirman en que la Iglesia solo ha inmatriculado los edificios que han sido destinados para el rezo, celebración de la eucaristía, o reunión de los cristianos, "por tanto, también las casas anexas a las parroquias".
Por cierto, defienden que la mezquita de Córdoba es propiedad de la Iglesia porque el templo se contruyó en el siglo IV sobre los restos de la Basílica Visigoda de San Vicente, mártir.
Mientras tanto, la polémica continúa servida. ¿Quién tiene razón en todo el conflicto?