Unidos Podemos presentó el 29 de junio de 2018 una Proposición de Ley en el Congreso, con el apoyo del Gobierno del PSOE, en la que establecía fechas diferentes para el fin del franquismo. Tal y como se puede ver en el documento presentado, al que ha tenido acceso El Español, el partido fija como fecha el 1 de enero de 1983, un mes después de que diera comienzo la presidencia de Felipe González.
Justifica estos límites en "la pervivencia de algunas de sus estructuras en el paso de la Transición a la Monarquía Parlamentaria", lo cual hace difícil establecer el final del Régimen. La formación morada hace referencia a los siete años después de la muerte de Francisco Franco, en los que gobernaron Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, donde todavía persisten "ejecuciones, penas, sanciones, detenciones, torturas, exilios, destierros, depuraciones, confiscaciones, (...) perjuicio económico" y otros tipos de "represión".
Según Izquierda Unida, impulsora de este documento legislativo, los datos han sido establecidos en base a un "consenso de los historiadores", que fechan en 1982 "los últimos coletazos de la violencia política" de la dictadura. Esta fecha coincidiría entonces con la llegada de la izquierda al poder.
Otro de los puntos expuestos en la ley es el referente a la categoría "Víctima de la Transición", establecida ya en el artículo 5.2, en la que habría que incluir "hasta 188 víctimas mortales" que están contabilizadas "entre 1975 y 1983".
Los partidos responsables del documento están especialmente centrados en considerar la figura de "víctima del franquismo y la Transición": su reconocimiento, la ubicación de sus restos, la reparación moral y económica, etc. Aunque, en menor medida, la propuesta de ley también habla del "apoyo económico, jurídico y psicológico" por parte de las instituciones.
En esta compensación se establecerían "las entidades políticas, sindicales o asociaciones que fueron ilegalizadas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, y que fueron doblemente castigadas con la represión sobre sus miembros y con la incautación o expropiación de sus bienes". Es decir, formaciones como el Partido Comunista de España, parte de Izquierda Unida actualmente, el PSOE, la UGT, etc.
A pesar de todo, el Gobierno de Pedro Sánchez ha desestimado tajantemente esta propuesta y define el desarrollo de la época de la Transición como "ejemplar", por lo que la propuesta de Unidos Podemos terminará guardada en un cajón.
Otras propuestas consideradas en esta ley
Unidos Podemos plantea otras modificaciones en la ley, como el cambio de "memoria histórica" por "memoria democrática", "Reino de España" por "Estado español" y "Guerra civil" por "Guerra de España". Pero sin duda, donde más efecto desean conseguir es en el "problema de la exhumación e inhumación de Franco".
El grupo de Pablo Iglesias quiere impedir "que los restos puedan ser llevados a un emplazamiento que, siendo privado, tiene acceso público", y critica el actual emplazamiento en el Valle de los Caídos comparándolo con el buen ejemplo que dan los campos nazis de Auschwitz y Mauthausen: "Son nuestros espejos, para el Valle y para Franco, porque aquellos emplazamientos se han convertido en lugares para la explicación de la historia y porque allí no ves ningún símbolo que pueda alentar la peregrinación fascista".
