La indignación ha cundido por todo internet cuando el titular mostraba una idea que aparentaba un trasfondo marcadamente sectario: "Podemos pide devolver las donaciones de Amancio Ortega a la sanidad pública".
Llama la atención que esas palabras lleguen cuando el empresario gallego no ha realizado ninguna donación conocida durante los últimos meses. Es más, en el caso de que trasciendan a los medios de comunicación, siempre ocurre en etapas alejadas de cualquier carrera electoral.
Quién sabe si Pablo Iglesias necesita brindar una batalla mediática a Isabel Serra, una desconocidísima candidata de 29 años a la Comunidad de Madrid, que llegó tarde a la campaña tras la salida de Errejón y que representa un peón de batalla dentro de las heridas abiertas desde Vistalegre II. Con una simple declaración, Serra ha conseguido acaparar todos los focos mientras que las encuestas la sitúan a un paso de liderar la última fuerza en la Asamblea de Madrid.
La sanidad pública no puede aceptar donaciones de Amancio Ortega. Se debe financiar con impuestos. Los mismos que esquiva y elude Inditex. 600 millones en tres años. Abro hilo:
— Isa Serra (@isaserras) 19 de mayo de 2019
Las donaciones son una decisión personal, pero la sanidad es un derecho que debe garantizarse todos los días. Que no puede depender de la caridad, del humor o la bondad con la que se levanten los multimillonarios. Lo que está en juego es la salud y la vida.
— Isa Serra (@isaserras) 19 de mayo de 2019
Pero dejando de lado todas estas elucubraciones, lo cierto es que el mensaje de la candidata morada ha sido efectista y ha permitido darse a conocer, aunque no obtenga los resultados deseados.
Un error de comunicación que esconde un debate entre el modelo nórdico y anglosajón
Si Podemos quería poner el foco sobre sus reivindicaciones, lo ha hecho mal. Al final, ha quedado la caricatura y la idea del rechazo de un dinero que bien ayuda a financiar costosos tratamientos que dependen de las maltrechas cuentas públicas. Cualquier ayuda al sistema sanitario nunca está de más y las realizadas por Amancio Ortega son bienvenidas como ejemplo de la necesidad de consolidar un tejido empresarial sólido en nuestro país.
Pero el trasfondo va más allá y, en este caso, el ruido no deja escuchar el mensaje. Hablamos de la defensa de un modelo, el del Estado del Bienestar, que en España se encuentra más atacado que nunca. Porque el plan del neoliberalismo patrio está situándose en desmantelar los servicios públicos con precisión de bisturí, antes que enarbolar el hacha que tan devastadoras consecuencias electorales ha traído para los partidos que la han emprendido.
Porque tras la caída del sector moderado del PP, el partido ha abandonado por completo la corriente democristiana para abrazar el neoliberalismo sin cuartel que tan bien ejecutó Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid.
Ahora, el debate se centra en dos modelos, el nórdico que aparenta defender la izquierda y el anglosajón, que aparentan defender los tres partidos de la derecha con mayor o menor entusiasmo.
El modelo nórdico apuesta porque se consideren los servicios como Sanidad y Educación como básicos y la Administración los ofrezca para todas las clases y niveles, con el mayor nivel de cobertura posible y no como un parche allá donde lo privado no pueda llegar. Este es el modelo nórdico que triunfa en países como Dinamarca, Noruega, Suecia, Islandia o Finlandia y al que España siempre ha mirado.
Por su parte, el modelo anglosajón impulsado en Reino Unido desde la época de Margareth Thatcher apuesta por ofrecer servicios de una manera mucho más limitada y siempre con la mente puesta en que cada individuo complete de manera autónoma sus necesidades. Es decir, que recurra a lo privado o que, por el contrario, reciba ayuda de la caridad, de personas pudientes que libremente decidan pagar estos servicios a personas con pocos recursos.
La fiscalidad de Madrid impide mantener el modelo
Los sucesivos gobiernos de Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid basaron su política fiscal en el lema "mantener impuestos y, en la medida de lo posible, bajarlos".
Con ello, la región se ha convertido en una especie de paraíso fiscal, con el IRPF más bajo de toda España, sin rastro del impuesto sobre el Patrimonio, de Sucesiones y Donaciones (que, además, se bonifica, a pesar de que afecta solo a las rentas más altas) y con la menor carga fiscal en Transmisiones y Actos Jurídicos.
La justificación para llevar a cabo estas políticas se sitúa en la denominada como curva de Laffer que defiende que, al bajar impuestos, se atraen fortunas y tejido empresarial y, finalmente, se recauda más dinero que con los tipos impositivos altos. Una teoría a la que muchos achacan falta de demostración empírica.
Dejando de lado que Madrid no necesita competir con el resto de autonomías porque ostenta la capital y una de las denominadas como ciudades globales, lo cierto es que los datos no apoyan la teoría: durante la presente legislatura se ha reducido en 200.000 euros la recaudación, frente al aumento en 5.000 millones que ha recibido el Gobierno central gracias a la criticada política fiscal de Cristóbal Montoro y ahora María Jesús Montero.
Que la Comunidad de Madrid haya visto cómo se reducen los ingresos, debería preocupar: su deuda ha pasado de 11.380 millones de euros en 2009 a los 33.072 que el Banco de España señaló en el año 2018. A todo ello se suman las intenciones de continuar realizando inversiones en áreas como el transporte, donde se quiere construir más Metro, más estaciones y regalar el abono mensual a jubilados, como propone Isabel Díaz Ayuso. Y sin subir impuestos. ¿De dónde va a salir el dinero?
El Ayuntamiento de Madrid ya experimentó una situación similar tras la salida de Alberto Ruiz Gallardón. El entonces regidor de la capital cogió las riendas de la ciudad con una deuda de 1.137 millones de euros en 2003 y la dejó con 6.738 millones en 2011. Un año después, ya con Ana Botella, la deuda registró el máximo de 7.430 millones de euros.
Aquellos desajustes, derivados sobre todo de la faraónica obra de soterramiento de la M30 y las fallidas candidaturas a los Juegos Olímpicos, no se solventaron con una buena reforma fiscal en el Ayuntamiento. La historia, como todos conocemos, terminó con la vivienda pública vendiéndose a fondos buitre, con contratos de limpieza completamente insuficientes (que aún no han expirado) y con un deterioro de los servicios públicos que queda registrado en todos los indicadores de calidad del Consistorio. Ahora, la situación se ha revertido gracias a las reformas fiscales del exconsejal de Hacienda Carlos Sánchez Mato y como consecuencia de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que limita el gasto, a pesar de que las arcas estén guardando más dinero del que necesitan.
Más deuda, menos recaudación, más gasto en infraestructuras... ¿y los servicios públicos?
Llegados a este punto, si la Administración continúa endeudándose y no aumenta los ingresos, ¿cómo va a financiar sus servicios públicos? ¿De dónde va a salir el dinero cuando, además, acumulamos una fuerte deuda y perdemos interés de cara a futuros acreedores?
Ese es un problema estructural que ahora enfrenta la Administración madrileña, al igual que la valenciana y que desde la izquierda se quiere solventar con una reestructuración de la deuda y subidas de impuestos, en especial, a las clases más altas.
La alternativa pasaría por medidas como la anunciada por el expresidente de la Comunidad de Madrid y ahora miembro de la lista de Ciudadanos, Ángel Garrido, que anunció un recorte de horario en los centros de salud para cerrar a las 18:30H de la tarde, dos horas antes que en la actualidad. Con listas de espera en atención primaria a una semana vista en algunos ambulatorios, parece evidente que la calidad se ve obligada a disminuir y que quien necesite una atención eficaz, debería apostar por un seguro privado.
Aquí entra nuevamente el debate: ¿la Sanidad es un derecho que debe proveer la Administración o un servicio que cada ciudadano debe pagarse de su bolsillo? ¿Los Servicios Sociales deben ser el último recurso al que acudir en situación de máxima necesidad o deben ser el garante al que recurren todos los ciudadanos?
En el tema de las donaciones y los impuestos que ha abierto Isabel Serra hay mucho más que cuatro palabras: se trata de todo un modelo de sociedad. Y, con dos bloques completamente enfrentados, es evidente que las citas electorales son decisivas.
