Unidas Podemos e Izquierda Unida han denunciado a dos ministros de Pedro Sánchez, los titulares en funciones de Fomento (José Luis Ábalos) y Exteriores (Josep Borrell) por tres delitos de corrupción en la Operación Chamartín.
En el escrito de la denuncia, compuesto por 1.600 folios, se mencionan los delitos de prevaricación, cohecho y malversación atribuidos a los dos ministros que actualmente se encuentran ejerciendo en funciones.
La denuncia, además, ataca colateralmente a Manuela Carmena ya que, aunque no aparece señalada (a pesar de que fue una de las principales impulsoras), supone la criminalización de un plan que la exregidora desbloqueó tras más de 25 años de negociaciones.
La Operación Chamartín fue aprobada el pasado lunes 29 de julio con la unanimidad del pleno del Ayuntamiento de Madrid. El plan es, exactamente, el pactado entre el Consistorio de Ahora Madrid y los dos últimos ministros de Fomento -entre otros- Íñigo Gómez de la Serna (PP) y José Luis Ábalos (PSOE).
De la Serna también aparece como denunciado, junto a nombres como Rafael Arias Salgado, Francisco Álvarez Cascos, Magdalena Álvarez, Ana Pastor, los alcaldes Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella; los presidentes de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Entre los denunciados también se encuentran políticos con menor relevancia pública o cargos técnicos de la Administración que trabajaron en la elaboración de un plan que se ha mantenido en elaboración durante el último cuarto de siglo.
El sector crítico de Carmena aparece en la denuncia
La denuncia impulsada por Izquierda Unida y Unidas Podemos lleva el sello de una persona muy destacada: el exconcejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid y miembro de IU, Carlos Sánchez Mato.
Mato fue destituido por la propia Carmena cuando se negó a acatar las exigencias de Montoro (que amenazaba con intervenir el Ayuntamiento en el caso de saltarse la regla de gasto). Al acabar la legislatura, Mato organizó su propia lista alternativa que no logró representación y que contó con el apoyo velado de Podemos, especialmente durante las últimas semanas. Junto a su firma, precisamente, también aparece la candidata morada a la región Isabel Serra, así como la número dos de IU, Sol Sánchez.
La denuncia asegura que la operación se ha bloqueado durante 25 años porque era un "pelotazo" y se alargaron "las negociaciones entre agentes públicos y privados para decidir cómo se repartía el pastel".
Ambos partidos también señalan a todo tipo de administraciones, ya sean públicas (como Renfe o Adif) como privadas (Constructora San José o BBVA). El escrito aprecia delito en que "las Administraciones Públicas de ámbito estatal transfieran derechos sobre suelo a un agente privado que termina beneficiándose de las plusvalías que obtendría con una recalificación realizada por otra Administración pública, en este caso, de carácter local". Y señala que pudo haber condiciones ventajosas para las empresas con el objetivo de cobrar beneficios.
